El viernes día 11 de mayo los jordanos llevaron a cabo una nueva protesta a nivel nacional para pedir la dimisión del recién formado gobierno encabezado por Fayez Tarauneh,conservador y enemigo de las reformas.

El viernes día 11 de mayo los jordanos llevaron a cabo una nueva protesta a nivel nacional para pedir la dimisión del recién formado gobierno encabezado por Fayez Tarauneh, considerado conservador y enemigo de las reformas. Su nombramiento, a principios de mayo, ha sido visto como otra razón más para el pesimismo en lo que se refiere al futuro de las reformas en Jordania.

El rey Abdulá II, que heredó el trono de su padre, el rey Hussein, en 1999, gobierna el país como un monarca absoluto. Nombra al primer ministro y disuelve el Parlamento y convoca elecciones cuando le conviene. Las críticas al rey, incluso en el marco de una conversación informal, son castigadas con fuertes penas de prisión.

Los manifestantes pidieron la inmediata transferencia de los poderes constitucionales del rey para seleccionar primeros ministros al Parlamento. “No a Fayez, No a nadie más. El pueblo debe escoger a su gobierno,” cantaban los manifestantes.

La manifestación quiso mostrar también la protesta popular por la decisión de Tarauneh de poner fin a las conversaciones entre el gobierno y la oposición, que habían sido promovidas por su predecesor Aun Khasawneh, cesado el 26 de abril.

Otro motivo más de la protesta fueron las declaraciones pro-israelíes de Tarauneh, realizadas poco después de que fuera nombrado por el rey Abdulá. Tarauneh, que participó en el equipo que negoció un tratado de paz con Israel en 1994, afirmó que si tuviera una segunda oportunidad, volvería a apoyar el tratado de paz.

Polémicas leyes

Las autoridades jordanas han provocado además la ira de los grupos de oposición por la aprobación por parte de la Cámara Baja del Parlamento de una nueva y controvertida Ley de Partidos que prohíbe la formación de grupos políticos basados en una ideología religiosa. La ley, que todavía no ha sido aprobada por el Senado y promulgada por el rey Abdulá II, es ampliamente vista como una medida dirigida a impedir la creación de partidos salafíes en respuesta a la popularidad de estos grupos en Egipto y Túnez.

Entre sus disposiciones se encuentra la restricción en la financiación extranjera de los partidos y el control de los mismos por el Ministerio del Interior. Los partidos salafíes en Túnez y Egipto han sido acusados de recibir financiación de los países del Golfo, principalmente de Arabia Saudí, por sus oponentes.

Las autoridades jordanas han reprimido a los grupos salafíes en el pasado y encarcelan de forma regular a sus líderes. Los activistas del movimiento salafí han dicho que el grupo no tiene aspiraciones políticas, pero el gobierno ha querido enviar el mensaje de que no tolerará actividades políticas de estos sectores.

Aunque algunos observadores afirman que la ley ha sido redactada cuidadosamente para que no afecte a los partidos islamistas más antiguos y tradicionales, incluyendo el Frente de Acción Islámico (FAI) -el brazo político de los Hermanos Musulmanes- o el Partido Centrista Islámico, considerado como próximo al régimen, los Hermanos Musulmanes han visto también en la norma un intento de debilitar su influencia en la política jordana.

El Parlamento Jordano está trabajando además en una nueva ley electoral que es vista por los partidos de la oposición como anti-reforma. La ley prima a los partidos tribales pro-régimen mientras coloca obstáculos a los partidos de ámbito nacional y margina a los jordanos de origen palestino, que componen más de la mitad de la población del país.

Un modelo económico desigual

Estas medidas pueden llevar a incrementar el descontento en el país, que ya es alto debido al alto desempleo, la pobreza, los altos precios y los bajos salarios. Según cifras oficiales, el desempleo alcanza en la actualidad al 14% de la población, aunque se cree que ronda en realidad el 30% y en el caso de los jóvenes menores de 30 años, que son la amplia mayoría de la población, el 70%.

En contraste, una diminuta capa de ricos, bien conectados con los altos escalones del régimen, se ha enriquecido notablemente en estos años a expensas de la amplia mayoría del pueblo jordano a través del nepotismo y la corrupción. En los últimos años, varios casos de corrupción empresarial han visto la luz. Uno de ellos afectó al prominente hombre de negocios Jalid Shahid, que tras ser condenado por soborno y corrupción por un tribunal jordano, fue puesto en libertad “por razones médicas” y se le permitió viajar al extranjero.

Ammán, donde vive un tercio de los 6,5 millones de jordanos, es ahora una de las ciudades más caras de Oriente Medio. La tasa de inflación es alta debido no sólo a los crecientes costes energéticos, sino también a la especulación inmobiliaria.

Según los observadores, el nombramiento de Tarauneh es una de las medidas preventivas adoptadas por el régimen jordano y otras monarquías árabes que han venido sufriendo los embates de la Primavera Árabe y con las que pretenden frenar los movimientos masivos de protesta que tienen lugar en sus países. En este esfuerzo, el régimen jordano ha recibido el apoyo de EEUU, que triplicó en la pasada década su ayuda económica a Jordania –que alcanzó los 912 millones de dólares en 2008- con el fin de apuntalar uno de los aliados que le quedan en la región.

Abdulá ha buscado también el apoyo político y económico de su vecino, Arabia Saudí, y de los demás miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Como paso previo y tras la extensión de las revoluciones árabes, el CCG estudia la posibilidad de admitir en breve a Jordania y Marruecos como estados miembros de la organización.