Grupos y personalidades defensoras de los derechos humanos en Argentina han expresado su apoyo al gobierno de Venezuela ante la crisis de inestabilidad generada en su frontera con Colombia.
Grupos y personalidades defensoras de los derechos humanos en Argentina han expresado su apoyo al gobierno de Venezuela ante la crisis de inestabilidad generada en su frontera con Colombia.
Un comunicado que comenzó a circular por las redes sociales recalca que "conquistar una paz sustentable es el único camino para la vigencia de los derechos humanos en Colombia y para la solución de los problemas que la ultraderecha colombiana genera con el pueblo y el gobierno de Venezuela".
Rubrican el documento, entre otros, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Servicio Paz y Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel y la líder de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas.
También lo hacen otras figuras de la intelectualidad como Ana María Careaga, Stella Calloni, José Schulman, el Pastor Arturo Blatesky, Graciela Rosenblum, Iris Avellaneda y Carlos Aznares.
Esas son las primeras firmas a las que se sumarán muchas más en los próximos días, esperan los auspiciadores de esta solidaria iniciativa.
La nota destaca que desde el ascenso de Hugo Chavez al gobierno, Venezuela no ha dejado de contribuir de mil maneras a ese proceso de diálogo para la paz que toda la Patria Grande acompaña y estimula.
Tan sólo este año, 121.000 colombianos decidieron -al igual que 5,6 millones de sus paisanos- quedarse definitivamente a vivir con residencia legal expedida en Venezuela, donde gozan de plenos derechos económicos, políticos y sociales.
Luego del destape de focos de crisis que perturbaron la tranquilidad y estabilidad social en poblaciones fronterizas provocados por individuos y bandas asociadas al paramilitarismo colombiano, las autoridades venezolanas se vieron en la necesidad de adoptar drásticas medidas.
Entre esas está el cierre de zonas limítrofes para impedir el tráfico y contrabando de mercaderías y combustibles, y detener el flujo de colombianos ilegales vinculados a esas actividades.
Además, se vio en la obligación de deportar a más de 900 personas de origen colombiano que actuaban de manera ilegal, delictiva y violenta en territorio venezolano.
Ante esa realidad, los firmantes del comunicado consideran "indispensable contextualizar el presente conflicto fronterizo presentado como una vulgar operación de "estigmatización y persecución" de los colombianos residentes en Venezuela".
Rechazan la noción de comparar "la defensa de la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Venezuela con el drama humanitario de los habitantes de Libia, Siria y otros pueblos que buscan desesperadamente huir de las guerras provocadas por la OTAN y EEUU o del caos inducido en región".
PL
