Sobrino del religioso shií saudí Sheij Nimr al Nimr, preso político amenazado de ejecución, él acudió a una manifestación antigubernamental en la provincia saudí de Qatif.

Ali al Nimr tenía 17 años cuando fue arrestado en febrero de 2012. Sobrino del religioso shií saudí Sheij Nimr al Nimr, preso político amenazado de ejecución, él acudió a una manifestación antigubernamental en la provincia saudí de Qatif. Dentro de algunos días, él será decapitado y luego crucificado. Acusado por el gobierno de tener un arma de fuego y haber atacado a las fuerzas de seguridad, él nunca confesó antes de revelar algunas informaciones bajo tortura.

Juzgado sin abogado, él fue condenado finalmente el 27 de Mayo pasado, tras haber agotado todos los recursos legales, a la muerte por decapitación seguida por la crucifixión. Su ejecución debería tener lugar en los próximos días. Desde hace algunas semanas, varias campañas humanitarias han pedido a la Unión Europea que intervenga para evitar esta ejecución.

Amnistía Internacional denunció, en un comunicado, esta futura ejecución y llamó a escribir numerosos emails y correos al Rey de Arabia Saudí, Salmán, a fin de hacer anular esta ejecución.

El reino wahabí decidió en 2013 reducir el número de decapitaciones seguidas por crucifixiones, promoviendo, en su lugar, la simple decapitación o el fusilamiento de los condenados a muerte, sobre todo por temor a las repercusiones de tales métodos podrían tener en la opinión internacional, que ha permanecido, sin embargo, silenciosa en relación a este tipo de ejecuciones en Arabia Saudí. El último caso de decapitación seguida por crucifixión tuvo lugar en 2013. En esta ocasión, sin embargo, la utilización de este método bárbaro de ejecución busca enviar un mensaje inequívoco a los opositores al régimen absolutista monárquico.

El número de decapitaciones sin crucifixión ha aumentado sustancialmente este año con respecto al de 2014. El régimen saudí se ha visto obligado a incrementar el número de verdugos que llevan a cabo estas prácticas.

Según Amnistía Internacional, entre enero y finales de agosto de 2015, al menos 130 prisioneros fueron ejecutados, más de la mitad de ellos por infracciones que no satisfacen los criterios que definen "los crímenes más graves" que justifican el recurso a la pena capital, según el Derecho Internacional.

Pese al carácter bárbaro de estos métodos saudíes, este régimen dispone de la protección de los gobiernos occidentales, como el estadounidense y el francés, que le venden armas por valor de miles de millones de dólares.