El gobierno del presidente Mauricio Macri cerraría acuerdos esta semana con los litigantes fondos buitre según adelantó el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó...

El gobierno del presidente Mauricio Macri cerraría acuerdos esta semana con los litigantes fondos buitre según adelantó el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, los cuales significan onerosos desembolsos para Argentina.

Acorde con declaraciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, para cumplir los arreglos que demandan los bonistas en Nueva York la administración estaría pagando un estimado cercano a los 20 mil millones de dólares.

Las nuevas autoridades argentinas no solo negocian con los principales querellantes, que son los fondos de capital NML, Aurelius, Blue Angel y Olifant, sino también con una serie de bonistas, litigantes unos y otros amparados por los pleitos, que no ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Ellos representan solo el siete por ciento de todos los tenedores de títulos, pues el restante 93 por ciento entró en la reestructuración. En declaraciones a la agencia de noticias Télam, el economista Aldo Ferrer consideró que el dictamen del juez Thomas Griesa de derogar la Ley Cerrojo y de Pago Soberano como condición para acordar con los acreedores que no entraron en los canjes "afecta la soberanía nacional".

Remarcó que el Congreso debería revisar los pormenores de ese arreglo, ya que se trata de "una decisión que puede comprometer el futuro de los argentinos".

"No es posible que un juez de Nueva York le diga al país que se debe derogar una ley para que se llegue a un acuerdo. Eso afecta la soberanía nacional y la división de poderes".

En opinión de quien fuera ministro de Economía en 1970 y 1971", lo primero que debería hacerse con ese arreglo es someterlo a la evaluación del Congreso. Ahí debería aprobarse y recién después analizar como Estado independiente y soberano si corresponde derogar una norma", observó el economista.

Con bonistas norteamericanos como los que integran la llamada Acción de Clase Brecher y los reclamantes italianos ya la Casa Rosada llegó a arreglos de pago, faltan los cuatro grandes buitre y en su orden los denominados "me too" (yo también) y los "bonistas bebés".

Los "me too" no iniciaron pleito alguno pero por aval de Griesa recibirán igual trato que los fondos buitre, los mismos beneficios que obtendrán los "bonistas bebés" que son un grupo de corredores de bonos argentinos.

Aun así, todos los acuerdos dependen de la firma de Griesa, que exigió la anulación la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, promulgadas en 2015 para proteger la soberanía financiera del país.

El ejecutivo argentino está apurado en cerrar los pactos de pago por su interés de que el mercado de capitales le abra las puertas para pedir nuevos préstamos y emitir deuda.

Monzó, uno de los principales armadores políticos del presidente Macri, justificó la intención del gobierno de pagarles porque "el negocio de los fondos buitre es prolongar el conflicto. Hoy son más pesados los intereses que el capital", adujo.

Por su parte, el líder del bloque del ahora opositor Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, aunque no pone obstáculo a derogar la Ley Cerrojo, alertó sobre las consecuencias del programa económico del Ejecutivo.

Es difícil que a la larga la sociedad tolere "semejante ajuste", dijo el senador de Río Negro.

PL