Un tribunal de Ecuador, la Sala Única de la Corte de Sucumbíos, ha ratificado una sentencia en contra de EEUU.

Un tribunal de Ecuador, la Sala Única de la Corte de Sucumbíos, ha ratificado una sentencia en contra de EEUU. El gigante petrolero Chevron ha ordenado a la empresa pagar 18.000 millones de dólares en daños y perjuicios por sus derrames de productos químicos en la selva amazónica. “Ratificamos la decisión del 14 de febrero de 2011 en todas sus partes, incluyendo la sentencia por reparación moral”, señaló el tribunal en su fallo en la ciudad amazónica de Lago Agrio, en el noreste de Ecuador, el día 3 de enero.

Por su parte, el presidente Rafael Correa, quien había expresado su apoyo público a las comunidades, señaló que estaba muy contento por el nuevo triunfo de los indígenas contra la petrolera. “Ya que se dictó la sentencia de segunda instancia tengo que manifestar mi complacencia, creo que se ha hecho justicia”, dijo Correa.

Chevron, que opera en más de 100 países, es la tercera mayor corporación de EEUU. Su renta anual, que supera los 200.000 millones de dólares, equivale en casi cuatro veces la totalidad de la producción económica de Ecuador.

Los demandantes alegaron que Chevron, que se fusionó con Texaco en 2001 y heredó la demanda legal dirigida contra esta última, es responsable de arrojar desechos de perforación de petróleo en la cuenca del río Amazonas durante más de dos décadas, lo cual ha causado diversas enfermedades entre las poblaciones indígenas. La exploración petrolera de Texaco duró en Ecuador desde 1967 hasta 1992 en un área de 480.000 hectáreas.

Durante siglos, esta selva estuvo habitada sólo por tribus indígenas. Sin embargo, en 1967, expertos estadounidenses de la Texaco descubrieron abundantes reservas de petróleo casi tres kilómetros por debajo de la superficie. Durante 25 años, un consorcio de compañías, liderada por Texaco, excavó pocos en toda la región amazónica ecuatoriana. También construyó carreteras y un aeropuerto en esta hasta entonces inhóspita región.

En 1993, un grupo de cerca de 30.000 indígenas y campesinos de la provincia de Oriente, conocidos como la Asamblea de Afectados por Texaco en Ecuador, iniciaron una demanda legal, que entonces parecía como una iniciativa sin esperanza, contra la multinacional estadounidense. Ellos fueron representados por varios abogados ecuatorianos y estadounidenses que prometieron que cobrarían sólo en la eventualidad de ganar el caso contra la multinacional.

La demanda señalaba que Texaco había arrojado 18.000 millones de galones de residuos tóxicos en la región durante los años que operó ahí dejó unos 356 pozos llenos de un fango negro tóxico 356 pozos al aire libre, muchos de ellos situados cerca del agua. De esta manera, la contaminación de los suelos se trasladó al agua. El envenenamiento de los ríos, cargados de azufre y otros tóxicos, acabó con la pesca, el ganado y otros animales de la región..

En los alrededores vivían al menos cinco tribus indígenas. Según los demandantes, el daño medio ambiental provocó además numerosos casos de cáncer, abortos involuntarios, malformaciones y defectos de nacimientos entre la población indígena. Dos de ellas, los Tetetes y los Sansahuaris, han desaparecido.

El 14 de febrero de 2011, Chevron fue hallada culpable por primera vez. El juez ecuatoriano Nicolás Zambrano estimó que Chevron era responsable de una vasta contaminación y ordenó pagar 8.600 millones de dólares en daños, la mayor cantidad demandada nunca a una compañía por daños medioambientales. Sin embargo, la cantidad se ha más que duplicado dado que la compañía no ha presentado una disculpa por los daños al medio ambiente, a la salud y a la cultura de las nacionalidades de la Amazonía, que era un requisito en esta primera sentencia.

Chevron recurrió el fallo de Zambrano, pero la Sala Única de la Corte de Sucumbíos ratificó la condena a Chevron y elevó el monto de la indemnización por la negativa de la compañía a pedir disculpas.

La multinacional estadounidense denunció, por su parte, la decisión del Tribunal de Apelación ese mismo día, calificándola de “ilegítima” y  “fraudulenta”. La empresa afirmó que continuaría recurriendo por la vía judicial pero fuera de Ecuador. La empresa alega que Texaco actuó “complemente en línea con los requerimientos legales y medioambientales”, gastó 40 millones de dólares en la limpieza de la zona durante la década de 1990, y firmó un acuerdo con Ecuador en 1998, que la absolvía presuntamente de cualquier responsabilidad ulterior. Un portavoz de Chevron dijo también que no había “pruebas que corroboren” los efectos adversos para la salud relativos al desarrollo petrolífero en la provincia de Oriente y acusó a los abogados demandantes de “perpetuar una falsa información”.

La compañía demandó también al abogado norteamericano Steven Donziger, el arquitecto de la demanda en su contra, por extorsión y fraude. También anunció que no tenía activos en Ecuador y no pagaría la indemnización estipulada en el fallo.

Sin embargo, la compañía sufrió otro revés cuando un juez federal del Distrito Sur de Nueva York rechazó el pasado 3 de enero bloquear la aplicación de la setencia del tribunal de apelación ecuatoriano. El juez, Lewis Kaplan, rechazó una moción de Chevron que buscaba evitar que los demandantes puedan embargar sus activos para cobrar la multimillonaria indemnización, aunque la petrolera todavía tiene la opción de volver a realizar su petición.

La compañía alegaba en su moción que sufriría graves daños si no se aseguraba la disponibilidad de sus activos, pero el juez Kaplan dijo hoy que “Chevron no ha hecho ningún esfuerzo hasta la fecha por cuantificar los daños que alega”, según se puede ver en el fallo difundido en los registros electrónicos del sistema judicial estadounidense.

“La decisión es otra reprimenda a Chevron y viene después de una devastadora derrota en el tribunal de apelaciones de Ecuador”, dijo al conocerse el fallo del juez Kaplan la portavoz de los demandantes ecuatorianos, Karen Hinton, en un comunicado.

Por su parte, los abogados de la Asamblea de Afectados por Texaco en el Ecuador ya han anunciado que buscarán ejecutar la sentencia en segunda instancia contra Chevron, aunque lamentaron que el fallo no incluyera otros daños causados como los provocados por el hecho de arrojar petróleo sobre las carreteras con el fin de impedir que se levantaran nubes de polvo. “Hay convenios internacionales que permiten ejecutar sentencias en otros países”, dijo Pablo Fajardo, abogado que lidera la demanda contra la petrolera. “Esta ejecución podría incluir “embargos a bienes de la empresa, retención de activos, congelamiento de cuentas e incautación de refinerías”, añadió.

Fajardo hizo estas declaraciones después de que la Sala Única de la Corte de Sucumbíos emitiera su sentencia en segunda instancia, que ratificó la culpabilidad de la empresa. “Este triunfo es significativo por el tamaño del oponente, que ha invertido millones de destruir el país y este proceso judicial, sin contar la corrupción de jueces y la fabricación de pruebas falsas”, dijo el abogado. “Este es un logro de la justicia, la tenacidad y la coherencia en contra del poder económico que discrimina la vida”.