Un nuevo informe de la ONU ha señalado que más de 2.800 activistas han sido asesinados en Colombia desde 1984.

Un nuevo informe de la ONU ha señalado que más de 2.800 activistas han sido asesinados en Colombia desde 1984. Esto convierte a Colombia en uno de los países más difíciles para el ejercicio del sindicalismo.

Según un informe del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) publicado el lunes y titulado “Reconocer el pasado. Construir el futuro”, más de 2.800 activistas sindicales han sido asesinados desde 1984 a 2011. El informe añade que hubo 216 desapariciones no explicadas, 163 secuestros y 83 casos de tortura durante este período.

El estudio fue coordinado por el PNUD y en él intervinieron el gobierno colombiano, los sindicatos y las asociaciones de empresarios. El mismo fue entregado al gobierno el miércoles en un acto público en Bogotá, al que asistió el vicepresidente, Angelino Garzón, quien inició su carrera política como dirigente sindical.

“Determinar quien comete estos crímenes es algo fundamental para lograr la paz, la justicia y las reparaciones. No es fácil ya que en un 94,4%% de los casos estos crímenes quedan impunes,” dijo el coordinador del informe Carlos Miguel Ortiz a los periodistas. Por otro lado, el informe apunta a que la violencia antisindical en Colombia está concentrada en algunas regiones (Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cesar, Arauca, Atlántico y Córdoba) y en algunos sindicatos, especialmente los del magisterio, bananeros y petroleros.

Colombia ha experimentado un conflicto violento desde los años sesenta, cuando los grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional tomaron las armas contra el gobierno.

Desde entonces, el ascenso de los grupos paramilitares de la AU (Autodefensa Unida de Colombia) llevó a represalias contra los simpatizantes de la guerrilla, grupos de izquierda y sindicalistas. Y esto a pesar de que sólo el 4% de los trabajadores colombianos están afiliados a sindicatos. Estos sectores serían los responsables de la mayor parte de las muertes de sindicalistas, que estarían alimentadas en buena medida por el estereotipo del “sindicalista guerrillero”, es decir colaborador de los grupos insurgentes de izquierda.

El documento sugiere al Estado colombiano iniciativas para mejorar la seguridad de los sindicalistas de manera efectiva y presenta propuestas para proporcionar una reparación individual y colectiva a los que ya han sido víctimas de estos crímenes y sus familias.