El uruguayo presidente José Mujica reconoció públicamente el pasado 21 de marzo su responsabilidad en la desaparición de María Claudia García de Gelmán, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

El Estado uruguayo, a través del presidente José Mujica, reconoció públicamente el pasado 21 de marzo su responsabilidad en la desaparición de María Claudia García de Gelmán, nuera del poeta argentino Juan Gelman, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

María Claudia García, entonces de 19 años de edad, fue secuestrada en 1976 en Buenos Aires, embarazada de su hija Macarena, y trasladada ilegalmente a Montevideo. Su esposo, Marcelo Gelmán, desapareció al mismo tiempo.

El cadáver de Marcelo fue hallado días después en un bidón de 200 litros relleno de cemento y arena (fue asesinado de un tiro en la nuca a medio metro de distancia). En 2005, el ejército uruguayo informó que los restos de María Claudia se encontraban enterrados en el predio de Batallón 14 de Infantería, pero tras años de excavaciones no ha aparecido ningún rastro de ella.

Argentina solicitó oficialmente a Uruguay en 2001 la extradición de varios militares uruguayos por estos crímenes, pero el gobierno uruguayo de la época, encabezado por el presidente Batlle, rechazó las extradiciones.

El caso cobró nueva fuerza tras la sentencia de la Corte Interamericana del pasado marzo que condenó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman. Macarena fue uno de los miles de casos de “bebés robados”, hijos de víctimas de las dictaduras que fueron entregados a otras familias. Ella fue criada por una familia uruguaya y no descubrió su verdadera identidad hasta el año 2000 debido a los esfuerzos de su abuelo. Ella decidió entonces buscar los restos de su madre y decidió llevar el caso ante la Corte Interamericana.

Se estima que al menos 60.000 personas fallecieron como resultado de la colaboración entre las dictaduras de extrema derecha del Cono Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) entre los años 1970 y 1980 en el marco del Plan Cóndor. El Plan Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado, que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de personas, la mayoría integrantes de movimientos de izquierda o sindicales.

El gobierno de EEUU también colaboró en aquel plan. La CIA suministró listas de sospechosos y otra información de inteligencia a los estados gobernados por dictaduras militares. El FBI también buscó individuos reclamados por la DINA (la policía secreta chilena) en EEUU.

El programa, señaló Mújica, era “para desplegar la persecución por razones ideológicas a los habitantes de los países referidos y proceder a su detención y al traslado clandestino o decidir el asesinato y desaparición de los detenidos. De muchas de estas personas aun no se sabe su paradero, ni su suerte, todavía no se conoce su destino, ni se han hallado sus restos”.

En la actualidad, los grupos pro-derechos humanos calculan que unos 200 uruguayos permanecen desaparecidos.

Ley contra la impunidad

El 27 octubre de 2011, el Parlamento de Uruguay aprobó una ley que permitirá juzgar a los militares que cometieron delitos durante la dictadura de 1973 a 1985 y que estaban protegidos por una amnistía. El Frente Amplio impulsó la nueva ley después de que la Suprema Corte de Justicia dictaminara en mayo en un caso particular que los crímenes cometidos durante el régimen militar eran delitos comunes. El fallo sentaba un precedente que hubiera permitido que los crímenes de la dictadura quedaran impunes a partir del próximo 1 de noviembre.

La nueva ley, que considera los crímenes durante la dictadura como “de lesa humanidad”, implica un nuevo argumento jurídico para quitarle fuerza a la vigente Ley de Caducidad de 1986, que exime a los militares de ser enjuiciados.

Una decena de militares han sido ya arrestados, entre ellos el dictador Gegorio Álvarez y el ex presidente de facto Juan María Bordaberry, que murió en julio. Sin embargo, miles de oficiales implicados en delitos de asesinato, tortura y otros aún se encuentran en libertad.

La oposición derechista se opuso a la aprobación de la ley. “Se trata de desconocer lo votado por el Parlamento y ratificado por el pueblo dos veces”, dijo el diputado del opositor centroderechista Partido Nacional, Gustavo Borsari. Para el oficialista Frente Amplio, por el contrario, la votación fue una ocasión de demostrar el apego de la nación uruguaya a los derechos humanos. “Es histórica esta noche. Es un triunfo no del Frente Amplio, sino de la democracia (...) La cultura de la impunidad que impusieron durante 25 años hay que ir desmantelándola y cambiándola por una cultura de derechos humanos”, dijo el diputado oficialista Luis Puig.

La votación parlamentaria fue, sobre todo, una consecuencia del hallazgo el 21 de octubre, en un cuartel militar de los restos de un desaparecido de la dictadura uruguaya. Este hecho generó “dolor y esperanza” en algunos familiares de las víctimas de la dictadura. “Este nuevo hallazgo da grandes indicios de que puede haber más enterramientos clandestinos en el predio”, dijo José López Mazz, líder del equipo de antropólogos encargados de la búsqueda, a los periodistas.

Los restos -encontrados en el Batallón 14, en el departamento de Canelones, a 45 kilómetros al norte de Montevideo- pertenecen a una sola persona que fue enterrada “sobre cal, boca abajo”. El presidente Mujica visitó el lugar durante unos 15 minutos y se retiró sin hacer declaraciones. Cabe señalar que el propio Mújica, que fue miembro de la guerrilla de Tupamaros y estuvo detenido durante más de una década en difíciles condiciones, ha sido también una víctima de aquella dictadura militar.

“Cada vez va a ser más fácil encontrar a los cuerpos de los desaparecidos, ya que me consta que hay más información y que hay gente aportando datos sobre nuevos lugares de enterramientos", manifestó Sergio López Burgos, integrante de la Mesa Permanente contra la Impunidad.”

Para López Burgos, “este año va a ser significativo en materia de avances” y señaló que debido a que hubo desapariciones conjuntas es probable “que se descubran fosas comunes”.

El Estado acepta su responsabilidad

El presidente José Mujica decidió el 21 de Marzo aceptar la responsabilidad del Estado uruguayo por los crímenes de la dictadura (1973-1985) a través del mencionado acto institucional, y reafirmó su compromiso con la justicia y voluntad de impedir la repetición de hechos similares.

“En el marco de los principios de continuidad y sucesión del estado, independientemente del ámbito temporal y material en que ocurrieron los hechos, el Estado uruguayo reconoce su responsabilidad institucional” por los derechos humanos violados en aquel caso, afirmó Mujica en un acto en el Palacio Legislativo de Montevideo, según informaron medios locales.

Por su parte, el gobierno de Uruguay aprobó indemnizar con 513.000 dólares a Macarena por la desaparición de su madre durante el régimen militar.

El mismo día del acto de reconocimiento, Mújica y varios miembros del gobierno, el Poder Judicial y el Parlamento asistieron a otro evento en el que se desveló una placa en homenaje a María Claudia y otras víctimas y sobrevivientes en la antigua sede del Servicio de Inteligencia de Defensa, que sirvió como centro clandestino de detención y a partir de ahora se convertirá en sede de un organismo pro-derechos humanos. Macarena y su abuelo Juan Gelman también acudieron al acto así como diplomáticos y representantes de organizaciones de derechos humanos y de asociaciones de familiares de detenidos y desaparecidos.

Esta ceremonia resultó especialmente emotiva para Macarena. “Este lugar es el pedacito de verdad que me queda”, dijo Macarena, tras un recorrido por la instalación en la que fue guiada por el soldado Julio Barboza, quien fue testigo de su nacimiento, acontecido en una de las salas del edificio, precisamente donde se colocó la placa conmemorativa. “Es la única conexión física con la historia, es el único lugar donde estuve con mi mamá”, expresó y destacó la importancia de que el sitio pueda visitarse por todos los ciudadanos y “que se sepa qué pasó acá”. Un militar, expresó Barbosa, “vino, sacó la canastita blanca y las separó para siempre”.