El pasado 11 de noviembre, el gobierno colombiano aceptó la exigencia de los universitarios de retirar el Proyecto de Ley 112 sobre Educación Superior.
El pasado 11 de noviembre, el gobierno colombiano aceptó la exigencia de los universitarios de retirar el Proyecto de Ley 112 sobre Educación Superior. Ésta fue la respuesta del ejecutivo y el presidente José Manuel Santos ante la enorme movilización estudiantil que sacudió Colombia durante el año 2011. Los estudiantes llevaron a cabo numerosas marchas en diversas ciudades del país y protagonizaron una huelga prolongada, que sólo terminó con la mencionada decisión gubernamental.
Las primeras movilizaciones contra la ley comenzaron el 7 de abril de 2011, en respuesta al anuncio del gobierno de que iba a presentar ante el Parlamento el proyecto de una nueva ley de enseñanza superior basada en criterios claramente neoliberales. Los estudiantes salieron a la calle en masa ese día llenando la Plaza de Bolívar de Bogotá y las calles y plazas de otras ciudades, incluyendo algunas donde las movilizaciones sociales habían estado ausentes desde hacía años. El 7 de septiembre, las protestas se reprodujeron en diversas partes del país.
Contra la privatización
Según los portavoces estudiantiles, el principal motivo de las protestas era la defensa de una enseñanza pública y de calidad y el rechazo a la subida de las tasas universitarias. Para los estudiantes, la reforma propuesta por el gobierno significaba que se iba a despojar a las universidades públicas de su financiación y se las obligaría a elevar notablemente las tasas o aceptar una financiación privada. Esto último llevó a muchos a temer que las universidades públicas acabaran siendo privatizadas. En el país, 1,7 millones de estudiantes cursaron educación superior en el 2010, el 55% de ellos en instituciones públicas y el resto en el sector privado.
El proyecto gubernamental incluía un artículo que señalaba que “las universidades ya no serán públicas ni privadas, sino de carácter mixto, estarán regidas por el derecho privado y podrán quebrar y ser liquidadas bajo las mismas normas que las empresas privadas”.
Los estudiantes también señalaron que, según el plan de reforma, el gobierno sólo destinaría 500.000 pesos anuales por estudiante (unos 260 dólares), cuando actualmente la cifra es de 3.500.000 de promedio (1.825 dólares). “Bajo ese esquema las universidades tendrán que buscar medios para financiar los tres millones restantes, o estarán condenadas a la mediocridad académica”, señalaron portavoces estudiantiles.
“Nosotros no estamos a favor de mantener la actual ley universitaria porque ha llevado a las universidades a una crisis financiera, pero rechazamos la reforma neoliberal que pretende el gobierno y que es fruto, sobre todo, del acuerdo de libre comercio con EEUU”, señaló Laure Grajales Díez, miembro de la Mesa Estudiantil de la Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquía. “El gobierno pretende quitarse de encima la responsabilidad de la financiación entregándosela al sector privado, incluyendo el del extranjero... Algunas universidades e instituciones de educación superior extranjeras, principalmente de EEUU, quieren abrir sucursales en Colombia”.
El resultado de estas medidas está claro para Laura. “Las tasas universitarias se incrementarán en gran medida y algunas especialidades, especialmente de humanidades, que son menos rentables, podrían desaparecer de la oferta universitaria a corto o medio plazo”.
Cabe señalar que los estudiantes se pronunciaron también por “otro modelo de país basado en la democracia real, la soberanía y la paz que ofrezca a todos sus ciudadanos la garantía de unos derechos esenciales y una verdadera justicia social”. También enmarcaron su lucha dentro de otra más amplia que tiene como protagonistas a los trabajadores y los indígenas en defensa de la democracia, la igualdad y la justicia social.
La reacción del gobierno ante la movilización estudiantil fue un rechazo de plano a cambiar la ley e incluso a dialogar con los estudiantes. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, anunció a mediados de octubre, con un aire provocador, que la ley no sería cambiada y que los estudiantes no la habían “leído o entendido”. Esta actitud llevó a un incremento del número e intensidad de las protestas.
La protesta del 12 de octubre
El rechazo gubernamental dio lugar a la movilización del 12 de octubre. Ese día, cientos de miles estudiantes universitarios colombianos iniciaron un paro indefinido. La jornada significó la mayor protesta habida en Colombia desde que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tomó posesión del cargo.
Sergio Fernández, portavoz de la Organización Colombiana de Estudiantes, afirmó que en aquella jornada se produjeron manifestaciones en diversas ciudades como Bogotá, donde los estudiantes volvieron a llenar la Plaza de Bolívar, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Tunja, Manizales y otras. En Bogotá, 22 estudiantes fueron arrestados tras producirse incidentes entre algunos encapuchados y la policía.
Al mismo tiempo que llevaban a cabo sus movilizaciones, los estudiantes adoptaron una estrategia de comunicación muy activa, convocando conferencias de prensa y encuentros con periodistas de modo que no quedaran lagunas informativas que los sectores hostiles a los estudiantes pudieran llenar.
La jornada terminó trágicamente cuando un estudiante, Yan Farid Cheng Lugo, falleció víctima de la explosión de un artefacto explosivo. La Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE) de Colombia denunció que el joven fue asesinado y que no se había tratado de un accidente como indicaron las autoridades. La MANE detalla que durante la manifestación en Cali se oyó una fuerte explosión producto de un artefacto que desconocidos arrojaron desde un puente y que estalló a la altura de la cintura del joven, estudiante de Medicina de la Universidad Santiago de Cali, destrozándole la pierna derecha y la parte baja del abdomen, lo que le causó la muerte inmediata. El artefacto hirió a otras 10 personas.
La MANE afirmó que el hecho se enmarcaba en una estrategia de hostigamiento al movimiento estudiantil y exigió al Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, que respetara el derecho a la vida, la integridad y la protesta de los estudiantes.
Por su parte, el presidente Santos se reafirmó en su defensa de la ley y acusó al movimiento estudiantil de haber sido infiltrado por elementos de las guerrillas, las FARC, añadiendo que esto era lo que había producido los choques en Bogotá. “Sabemos muy bien que la estrategia de las FARC es estimular las protestas sociales e infiltrarlas con el fin de provocar violencia y caos”, señaló.
Gisell Medina, de la Federación Nacional de Estudiantes, rechazó estas alegaciones en declaraciones al periódico El Colombiano en las que afirmó que “los estudiantes hemos demostrado que no estamos infiltrados por ninguna organización ilegal. Somos un movimiento abierto, compuesto por personas de todos los países del mundo”. Laura Grajales también rechazó dichas alegaciones. “Yo no puedo asegurar que no haya organizaciones estudiantiles que estén permeadas por las FARC, pero serían en todo caso una minoría. El problema en Colombia es que cualquier protesta o movilización es rápidamente tildada de guerrillera”.
Victoria estudiantil
Los estudiantes continuaron sus movilizaciones y el 10 de noviembre, el mismo día que comenzaba la discusión de la ley en el Congreso, medio millón de estudiantes llenaron de nuevo la Plaza de Bolívar provenientes de muchas otras ciudades del país. La amplitud de esta manifestación impresionó a los medios de comunicación y al propio gobierno, que finalmente decidió que era políticamente arriesgado tratar de impulsar una ley en contra de la amplia mayoría de los profesores y estudiantes.
Al mismo tiempo, los estudiantes recibieron el apoyo de varios partidos de izquierda, incluyendo el Polo Democrático Alternativo, el Partido Verde y las Autoridades Indígenas de Colombia, que pidieron a la ministra que retirara el proyecto y creara una mesa de negociación donde se discutieran las propuestas del programa mínimo del estudiantado colombiano. Varios sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresaron asimismo su solidaridad con los estudiantes.
La retirada del proyecto de ley por parte del gobierno supuso una victoria inequívoca del movimiento estudiantil, pero no significó el fin de las reivindicaciones ni de la lucha de los estudiantes. Ellos están ahora demandando una participación activa, junto con los demás actores del sector educativo, en cualquier iniciativa del gobierno de Colombia dirigida a buscar una solución al tema de la financiación de las universidades públicas.
El pasado mes de abril, el gobierno colombiano inició una ronda de diálogo para buscar soluciones a este tema. Existe, en este sentido, un acuerdo amplio entre todas las partes en que el sector de las universidades públicas en Colombia está al borde del colapso financiero y deben ser buscadas soluciones urgentes.
El movimiento estudiantil ha definido cuatro exigencias en este tema: que el gobierno no presente en el Congreso ninguna propuesta que no haya sido consensuada con los estudiantes, que reconozca a la MANE como único interlocutor del diálogo por la parte de los estudiantes, que presente una propuesta eficaz para resolver el tema del déficit público en la universidad y que cree las condiciones para la construcción de una política universitaria pública con la participación de estudiantes, trabajadores, profesores etc.
El movimiento estudiantil continúa plenamente movilizado. En el calendario de la MANE existen convocatorias a movilizaciones locales y nacionales para los próximos meses.
