El 3 de junio, el gobierno venezolano prohibió la venta de armas y municiones en el país con el fin de frenar la extensión de la delincuencia.

El 3 de junio, el gobierno venezolano prohibió la venta de armas y municiones en el país con el fin de frenar la extensión de la delincuencia. La prohibición de vender armas se aplica tres meses después de que la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme aprobara el proyecto de ley el pasado 29 de febrero.

La principal justificación de la Ley de Desarme, Control de Armas y Municiones es la de atajar la violencia. Venezuela es el país más peligroso de Sudamérica con 14.000 homicidios registrados por el Gobierno en 2010 (48 por cada 100.000 habitantes), lejos de los 33 de Colombia y los 22 de Brasil, y sólo detrás de El Salvador, con 19.000 homicidios (64 por cada 100.000 habitantes), y Honduras, según los registros de varias ONGs.

Los titulares de muchos periódicos venezolanos recogen a menudo titulares como un tiroteo en plena ciudad, la muerte de un niño a consecuencia de una bala perdida, atracos a mano armada en bancos y tiendas, un motín de presos armados, disputas de tráfico que acaban a tiros etc.

Según cifras oficiales, más del 90 % de los asesinatos se producen por arma de fuego –la media latinoamericana ronda el 75% y en Europa esa tasa es de poco más de un 20%- y en el 63 % de los homicidios la víctima recibió más de 5 disparos.

Amnistía Internacional calcula que puede haber hasta 10 millones de armas ilegales, una cifra inquietante teniendo en cuenta que en Venezuela solo hay 40.000 personas con permiso para la tenencia de armas y que en 2011 solo fueron incautadas y destruidas 130.145 armas de fuego, según cifras oficiales del Parlamento.

Quedan exceptuados de la ley los miembros de la Policía, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como las empresas privadas de seguridad debidamente registradas ante el Ministerio de Relaciones Interiores, los deportistas que practican el tiro olímpico y el personal de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Todas estas personas podrán adquirir armas y municiones sólo con una autorización del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.

La supervisión y control de las armas quedará ahora en manos de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), dependiente del Ministerio de Defensa. Esa entidad será también la única autorizada para la comercialización de armas y municiones a las personas ya citadas que están exceptuadas en esta resolución.

En este sentido, la ley conlleva una pena para aquellos que comercialicen armas. Si un ciudadano participa en la comercialización de armas tendrá una pena de 5 a 8 años, pero si es un funcionario policial, militar, custodio, la pena aumentará un tercio.

Otro de los puntos donde la ley pone el acento es en la destrucción del armamento: cada arma incautada deberá ser destruida en un plazo máximo de 45 días. La norma recompensa asimismo el desarme voluntario. Cada persona que entregue su arma tendrá la garantía de que no será arrestado y que su nombre quedará en el anonimato.

Críticas

Los más afectados por la norma son las armerías, que tuvieron de plazo hasta el 31 de mayo para entregar sus excedentes de armas y municiones y se verán ahora obligadas a cerrar. Muchos de sus propietarios y empleados dudan, sin embargo, que la norma vaya alcanzar sus objetivos. “Los choros (como se conoce popularmente a los delincuentes) no van a venir aquí” aseguró a EFE una empleada.

Para el criminólogo Fermín Mármol estas últimas medidas “van a impactar muy poco en la reducción de la delincuencia porque no están orientadas al epicentro del problema, que es impedir las armas ilegales en las calles”. “El control de las armas y municiones parece ir dirigido sólo a las personas que están lícitamente armadas”, señaló el experto a AFP.

Elsie Rosales, profesora de Derecho Penal, señala que aunque la norma le parece positiva, no es suficiente y el gobierno deberá implementar otras estrategias para disminuir la violencia.  “Esto no sólo se debe hacer por ley ... Es necesaria una combinación de estrategias de prevención y control”.

Por su parte, el coordinador de la campaña “Basta de Balas” de Amnistía Internacional cree que aunque la norma no tendrá probablemente un efecto directo en la reducción de la delincuencia, sí puede disminuir la letalidad de los robos y otros actos violentos que generan las armas de fuego. Él señaló que mientras menos armas circulen, evidentemente “menos efectos generarán”. Él también alertó de la necesidad de implicar a otros actores como los medios de comunicación y los centros de educación en los esfuerzos dirigidos a la reducción de la violencia y la delincuencia en el país.

En esta misma línea, Hugo Acero Velásquez, consultor internacional en temas de seguridad ciudadana, hizo hincapié en un informe publicado en 2006 que es preciso implicar a las autoridades locales, en especial a los alcaldes y gobernadores, en las tareas de seguridad ciudadana en sus respectivas comunidades y superar la visión, anclada en el antiguo concepto de la “seguridad nacional”, de que la tarea de la seguridad recae únicamente en el ejecutivo nacional.

Acero cree que cada municipio debe aprobar un plan de acción que contemple metas definidas para la reducción de los delitos que ocurran en él. Los municipios deben coordinar su actuación con el Estado central para definir políticas, aplicarlas y hacerles un seguimiento y evaluación. También aboga por mejorar la coordinación entre la policía y las empresas privadas de vigilancia, así como fomentar la participación y colaboración ciudadana con las fuerzas de seguridad a través de campañas pedagógicas.

Control de armas y revolución

Por su parte, los responsables gubernamentales consideran que la ley es un primer paso hacia la resolución de un difícil problema. “Ya nadie va a poder tener armas nuevas ni permisos nuevos. La venta de armas solo se hará a los cuerpos de Policía y a nuestra Fuerza Armada. La tendencia es hacia desarmar a la población civil”, explicó la semana pasada el ministro de Relaciones Interiores, Tarek El Aissami.

El ministro recordó que antes de la llegada al poder de Chávez la venta de armas y municiones se hacía sin ningún tipo de control, hecho que provocó que una gran cantidad de ellas cayera en manos de civiles. En este sentido, comentó que hasta el año 1998 existieron en Venezuela más de tres mil armerías privadas donde las personas adquirían las armas sin tener incluso el permiso. Hoy sólo quedan ochenta.

El Aissami sostuvo que “durante la revolución se comenzaron a aplicar medidas para el control de armas. Recordemos que una de las primeras medidas fue que no se podía entregar el arma de fuego hasta que no tuviera el permiso”.

Rechazando las críticas referidas a que la ley no tiene en cuenta el tráfico ilegal de armas, y en especial su venta por las fuerzas de seguridad a delincuentes, el ministro destacó que precisamente uno de los aspectos más novedosos de la ley es que se marcarán todas las municiones de las fuerzas del orden con tres seriales de identificación: el calibre, nombre del fabricante y un nuevo troquel que hará referencia al organismo policial y al funcionario que porte el arma. Con el fin de desarrollar este mecanismo, Caracas trabaja con el asesoramiento de la ONU y Brasil. “A medida que vayamos sustituyendo las municiones normales por municiones marcadas iremos cortando los circuitos ilegales de comercialización”, agregó El Aissami.

Según el gobierno, esta norma irá acompañada además de iniciativas tales como la prohibición de acceder con armas a eventos deportivos, recintos públicos y espectáculos. Tampoco estará permitido acceder con ellas a “bares, cantinas o tabernas, restaurantes, clubes nocturnos, clubes sociales y salones de baile”.

Algunos analistas creen también que las medidas sociales y económicas adoptadas por gobierno de Chávez, que han llevado a una drástica reducción de la desigualdad de los ingresos en Venezuela en años recientes, van a tener un efecto beneficioso en la reducción de la delincuencia. El coeficiente de Gini del país -una escala de 0 a 1 que se usa para medir las diferencias en los ingresos y la riqueza- muestra que la desigualdad se redujo de un 0,498 en 1998 a un 0,412 en el 2008, una caída sin precedentes en América Latina. Mientras tanto, los niveles de desarrollo humano han mejorado sistemáticamente en el país; el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas ha registrado un incremento del 1% anual durante la última década.

Ley de consenso

La Ley de Desarme, Control de Armas y Municiones ha entrado en vigor durante la precampaña con vistas a las elecciones presidenciales del 7 de octubre y después de que tanto el presidente venezolano, Hugo Chávez, como el candidato de la oposición, Henrique Capriles, hayan anunciado medidas de choque para frenar el problema de la delincuencia, que se perfila ya como uno de los temas estrella de la campaña electoral.

Sin embargo, la norma ha sido objeto de un consenso entre el gobierno y la oposición. El diputado opositor Juan Carlos Caldera, que presidió la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, cree también en la eficacia de la ley. “Esas fiestas de disparos que escuchamos los fines de semana deberán ir reduciéndose de manera notoria”, señaló.

Caldera dijo a Noticias24 Radio que en la discusión de la propuesta de la Ley Desarme “prevaleció el interés del país ante las diferencias políticas, para la construcción de un instrumento jurídico útil y realista, que beneficie a los ciudadanos y contrarreste la delincuencia”.

Este espíritu de consenso en relación a la ley ha sido saludado por muchos venezolanos, que creen que un problema tan serio como la lucha contra la violencia debe quedar fuera de las disputas políticas. El ciudadano Manuel Rivero, es uno de ellos. “Venezuela es una sola. Por eso, luchar contra el crimen debe ser un trabajo que se ejecute en equipo. Estoy seguro que con esta ley se lograrán grandes cambios en materia de seguridad”, manifestó Rivero al periódico El Siglo.