El conflicto minero de Perú ha pasado a una nueva fase de tensión tras la imposición del estado de emergencia en el área de Espinar, en la región de Cuzco.

El conflicto minero de Perú ha pasado a una nueva fase de tensión tras la imposición del estado de emergencia en el área de Espinar, en la región de Cuzco. El anuncio de esta medida tuvo lugar poco después de violentas protestas motivadas por las actividades de la compañía multinacional Xstrata, a la que muchos residentes acusan de destruir el medio ambiente de la zona.

El estado de emergencia ha provocado la suspensión de derechos básicos, como el de asamblea y desplazamiento, así como la libertad y seguridad personales y la inviolabilidad de correspondencia y domicilio.

La conflictividad del sector de la minería está repercutiendo de forma grave en la economía del país. Perú es el cuarto exportador de minerales del mundo y el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, así como el sexto de oro.

La minería, como sector, dejó en 2011 unos beneficios en Perú equivalentes a unos 4.000 millones de dólares, el 70% de los cuales han ido a parar a cinco compañías multinacionales. Perú es también uno de los principales abastecedores de materiales a gigantes asiáticos, como China, Japón o Corea del Sur. La riqueza mineral de Perú y la disponibilidad de puertos en su costa del Pacífico han despertado el interés de esas naciones.

China ha creado una empresa Shougang Hierro Peru, que posee y opera una importante mina en el departamento de Ica. Esta instalación minera es la mayor productora de hierro de Perú. El 70% de su producción es exportada a China y otros países asiáticos. Sin embargo, la compañía ha sido acusada en ocasiones de violar las leyes sobre medio ambiente.

Esta misma polémica medioambiental se ha desencadenado en otras zonas del país. En Espinar, en la provincia de Cuzco, los residentes se han movilizado en contra de las actividades mineras de la rama peruana de la corporación multinacional minera Xstrata. La compañía ha rechazado estas alegaciones y hasta enero de 2011 negó incluso que existiera cualquier contaminación medioambiental. Sin embargo, la realidad no pudo ocultarse más después de que aparecieran informaciones sobre la existencia de niveles altos de metales pesados en muestras de la sangre y orina de los residentes.

Al conflicto del Espinar ha venido a sumarse otro en Cajamarca, una región del norte del Perú, donde opera la compañía estadounidense Newmont Minning Corporation. Esta última tiene su sede principal en Denver (EEUU) y es una de las empresas exportadoras más grandes del mundo, con proyectos mineros en Indonesia, Nueva Zelanda, Ghana, Australia, EEUU y Perú, entre otros países. En Perú, la compañía explota Yanacocha, una de las mayores minas de oro a cielo abierto del mundo.

La compañía busca en la actualidad promover otro gran proyecto minero en Conga, también en la zona de Cajamarca, por valor de unos 4.800 millones de dólares. Los residentes temen que esta nueva explotación cause daños ya irreversibles a las reservas de agua de la región.

La obra incluye en sus planes la utilización de las aguas de cinco ríos para extraer oro y cobre y también prevé drenar cinco lagos para convertirlos en un depósito de desechos mineros. Cabe recordar que el anterior proyecto de Yanacocha supuso ya en su día el drenaje de un enorme lago con el fin de servir a ese mismo fin.

El impacto de las minas ha tenido también un efecto negativo para forma de vida y la economía de la población indígena, mayoritaria en estas zonas. Hasta hace poco, existían planes para convertir a Espinar en la principal área de producción de ganado ovino y bovino en el país. Sin embargo, tras el inicio de las explotaciones mineras, el número de cabezas de ganado se ha reducido drásticamente. Los campesinos y ganaderos acusan a la compañía minera de haber matado a sus ovejas y vacas mediante la contaminación de los ríos y el suelo.

Protestas

Las protestas en Espinar contra las actividades de Xstrata comenzaron el 21 de mayo después de que las negociaciones entre el gobierno y el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) se rompieran. En Cajamarca, las mismas han ido acompañadas de una demanda legal presentada por el presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Idelso Hernández. Él afirmó que los residentes de habían visto obligados a recurrir a los tribunales “por todos los abusos que esta compañía minera ha ido cometiendo” en esta región andina, ubicada a 850 kilómetros al norte de Lima. Al respecto, el vocero del Frente de Defensa, Eddi Benavides, subrayó que esta querella busca detener el proyecto minero de la Conga por su impacto sobre el medio ambiente, los ríos y los lagos cercanos.

El 10 de febrero, miles de peruanos participaron en la Gran Marcha Nacional por el Agua, en la capital, Lima, para oponerse al proyecto de Conga. La marcha recibió el apoyo de líderes políticos de la región, como el presidente de la misma, Gregorio Santos, y el líder del partido Tierra y Libertad, Marco Arana. Estos políticos denunciaron que a pesar de que Perú es miembro signatario del Convenio 169 de la OIT desde 1995, ni una sola concesión minera ha pasado por la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados, tal y como prevé dicha norma.

Apoyo del gobierno a las corporaciones

La actitud del gobierno de Ollanta Humala ha sido en todo momento de defensa de los intereses de las compañías multinacionales y el sector minero al que ve como un pilar fundamental de la economía del país. El gobierno ha promovido en los últimos meses una política de estabilización fiscal con las compañías mineras, en virtud de la cual, éstas pagan los mismos impuestos existentes en el momento de la firma de su contrato con el Estado.

En febrero, el gobierno peruano publicó cuatro decretos que prohíben también la “minería informal”, es decir, la extracción y comercio de recursos minerales sin la previa solicitud de permisos de tipo fiscal y medio ambiental. Las nuevas normas imponen penas de hasta 12 años de prisión a todo aquel que financie o se involucre en estas actividades.

Se calcula que en Perú hay unos 50.000 mineros informales, que extraen un 15% del oro del país. La mayor parte de ellos entran en este sector para escapar de la pobreza. La renta media de cada minero informal es de unos 200 dólares al mes, cantidad superior al salario mínimo, que es de poco más de 117 dólares. El descubrimiento de oro en Mano de Dios ha llevado a muchos trabajadores desempleados a viajar a esta zona para trabajar en la extracción del mineral.

Los mineros creen que los decretos mencionados benefician a las multinacionales mineras, que han explotado la gran mayoría de los recursos minerales del país durante década y no desean la competencia de los mineros informales.

En un primer momento, el gobierno negó también la existencia de una contaminación en la zona de Espinar hasta la publicación de los resultados de las muestras tomadas a residentes locales y a las aguas y tierra de la región. También ha acusado a los gobiernos regionales y locales de ser los responsables, y no las grandes corporaciones, de la pobreza de la población de las zonas mineras al no gastar de forma adecuada los beneficios que obtienen del así llamado “canon minero”, que las corporaciones pagan para financiar proyectos de desarrollo y de infraestructuras en las áreas en las que operan. Los fondos procedentes del canon han sido a menudo colocados en depósitos bancarios o son destinados a gastos suntuosos o sin importancia que no benefician a la población ni crean infraestructuras.

En lo que se refiere a las protestas, el gobierno peruano ha manifestado oficialmente la necesidad de un diálogo entre las partes. Al mismo tiempo, sin embargo, las autoridades afirman que las recientes protestas sociales son azuzadas por ultraizquierdistas y líderes políticos regionales. La fiscalía ha abierto una investigación contra el presidente regional, Gregorio Santos, por la supuesta utilización de fondos públicos para financiar las protestas.

Las autoridades han lanzado una brutal campaña de represión contra los manifestantes. En una manifestación contra la prohibición de la minería informal, el pasado 15 de Marzo, la policía mató a tres mineros en la localidad de Madre de Dios. Otros 36 resultaron heridos y 62 detenidos.

El 28 de mayo, un grupo de residentes locales que estaba efectuando una marcha de protesta hacia las instalaciones de Xstrata, en Espinar, fueron atacados por las fuerzas de seguridad. Al menos dos personas murieron y otras 13 resultaron  heridas. Esto elevó hasta 14 el número de personas fallecidas en protestas desde que el presidente Humala tomó posesión del cargo.

Como reacción ante estos hechos, residentes locales retuvieron a un fiscal local durante varias horas y quemaron las oficinas de Tintaya, la ONG creada por Xstrata para proporcionar “ayuda social” a los residentes locales.

La policía detuvo poco después a 26 personas, incluyendo a Hebert Huamán, el líder de la FUDIE y al alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca. El 30 de mayo, medio centenar de policías armados irrumpió en el Ayuntamiento y sacó de él a Mollohuanca pese a las protestas de decenas de vecinos que se concentraron cerca del edificio. Él ha sido condenado a cinco meses de prisión preventiva pese a que un juez ha determinado que su arresto fue ilegal.

La detención de Molluanca fue denunciada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que incluye a unas 80 organizaciones de todo el país. Ésta hizo responsable al primer ministro Oscar Valdez por el arresto del alcalde, los fallecidos en Espinar “y el continuado incremento en el número de muertes en conflictos sociales”.

En este sentido, la lucha de los mineros podría tener consecuencias políticas nefastas para Humala, que ganó las elecciones presidenciales en 2011 presentándose como un político nacionalista de izquierda. Sin embargo, él ha defraudado, desde entonces, a sus seguidores con medidas como la defensa de las corporaciones mineras multinacionales o el nombramiento de un antiguo militar conservador para el cargo de primer ministro. En las marchas y protestas mineras, los manifestantes han lanzado críticas contra Humala, al que acusan de incumplir sus promesas.

En realidad, según los expertos, mientras Perú, y otros estados se aferren a un modelo de desarrollo basado en la mera exportación de recursos minerales que está impuesto por los países ricos y sus corporaciones multinacionales, el país no será capaz de lograr un desarrollo económico sostenible y armónico con las necesidades de la población y el medio ambiente. El mantenimiento del modelo actual lleva también a una criminalización de las protestas sociales, un recorte de las libertades y una creciente militarización del país.