Manifestantes en la Costa de los Mosquitos, en el noroeste de Honduras, quemaron el pasado 19 de mayo oficinas estatales y pidieron la salida de los agentes de EEUU del área.

Manifestantes en la Costa de los Mosquitos, en el noroeste de Honduras, quemaron el pasado 19 de mayo oficinas estatales y pidieron la salida de los agentes de EEUU del área después de que fuerzas estadounidenses y hondureñas mataran a seis civiles hondureños el día 11 de Mayo en el Río Patuca.

Según el periódico hondureño Tiempo, entre los muertos estaban dos mujeres embarazadas y dos niños. Una de las mujeres, Candelaria Trapp, era madre de seis hijos. Los agentes de la DEA (la agencia estadounidense que lucha contra el narcotráfico) o sus homólogos hondureños dispararon desde helicópteros de combate norteamericanos contra un bote que llevaba a civiles, confundiéndolo con otro manejado por narcotraficantes.

Los medios de comunicación hondureños y las organizaciones pro-derechos humanos comenzaron a difundir este incidente y afirmaron que los propios agentes de la DEA habían realizado los disparos. Sin embargo, cuando la noticia salió a la luz las autoridades norteamericanas dijeron que los agentes de la DEA se habían limitado a asistir a las fuerzas hondureñas, pero no habían abierto fuego. Esta versión contradice a la de Tiempo, según la cual los agentes de la DEA, vestidos con uniformes militares, mataron al menos a cuatro y posiblemente a los seis civiles.
 
Sin embargo, incluso aunque la versión oficial estadounidense fuera cierta, esto no disminuiría la responsabilidad de la Administración norteamericana. Cabe señalar que el propio helicóptero era un aparato estadounidense y su tripulación estaba formada por hondureños contratados por el gobierno de EEUU. El ataque fue efectuado además en base a la información suministrada por las fuerzas norteamericanas.

En otro intento de evadir la responsabilidad, otro responsable estadounidense acusó, en declaraciones al Washington Post, a la comunidad local de estar implicada en el narcotráfico. “Muchos miembros de la empobrecida comunidad de Ahuas están implicados en el tráfico de drogas. No hay nada en la localidad que sea desconocido, una sorpresa o un misterio en relación a esto,” señaló. “Lo que ha ocurrido es que, por primera vez en la historia de Ahuas, los servicios de seguridad hondureños han interferido en el tráfico de drogas”. Esta insinuación de responsabilidad colectiva de toda una ciudad está claramente dirigida a justificar las posibles víctimas civiles de las operaciones llevadas a cabo por la DEA o las fuerzas hondureñas.

Este crimen provocó una ola de rechazos y condenas por parte de la población local. “Estos residentes inocentes no estaban implicados en el tráfico de drogas. Ellos estaban en su bote realizando sus actividades diarias de pesca cuando fueron atacados desde el aire”, dijo Lucio Vaquedano, alcalde de la ciudad costera de Ahuas, a Associated Press: “Durante siglos hemos sido un pueblo pacífico que ha vivido en armonía con la naturaleza… y hoy declaramos que estos norteamericanos son personas non gratas en nuestro territorio”.

Honduras se ha convertido en uno de los lugares de paso del tráfico de drogas hacia el norte, particularmente cocaína, lo que ha incrementado el interés de Washington hacia ese país. Según el Departamento de Estado, el 79% de todos los vuelos de cocaína que salen de Sudamérica aterrizan en Honduras. Desde allí, los cargamentos se dirigen a EEUU.

La actividad de los carteles del narcotráfico en Honduras es una consecuencia directa de las acciones contra las organizaciones de narcotraficantes en México durante la presidencia de Felipe Calderón. Esta ofensiva ha provocado la muerte de más de 50.000 personas en los pasados seis años y ha convertido a grandes partes del país en auténticas zonas de guerra. Sin embargo, la presión de las autoridades mexicanas ha llevado a las organizaciones de narcotraficantes a buscar otros países centroamericanos como lugar de paso.

Apoyo al régimen de Lobo

El incremento de las actividades de las organizaciones del narcotráfico en Honduras tiene lugar en un contexto de grave crisis política y social en ese país. Honduras fue escenario en 2009 de un golpe de estado que derrocó al presidente democráticamente elegido, Zelaya, y llevó a la asunción del poder por un régimen dirigido por el presidente Lobo. Este golpe fue condenado por la mayoría de países latinoamericanos y provocó una ola de represión política y social que dura hasta la actualidad.

Al menos 34 miembros de la oposición han desaparecido y unas 300 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe, afirma el Comité de Familias de Desaparecidos de Honduras (COFADEH). Trece periodistas han muerto también desde que Lobo tomó posesión del cargo, según el Comité de Protección de los Periodistas, lo que convierte a Honduras en uno de los países más difíciles para el ejercicio de la profesión periodística. Además, siempre según el COFADEH, al menos 43 activistas campesinos que participaban en luchas en defensa de sus tierras han muerto en los pasados dos años y medio a manos de policías, militares y guardias de seguridad privados.

Los indicadores sociales en este período han sufrido también un fuerte deterioro. Según la Oficina de Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas, Honduras tuvo la mayor tasa de asesinatos del mundo (82 por cada 100.000 habitantes) en 2010. Honduras es además el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. La tasa de paro ronda el 30% y el 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

A pesar de ello, Honduras ha incrementado su gasto militar desde 63 millones de dólares en 2005 a 160 en 2010. El gobierno de Lobo ha justificado esta militarización señalando que no se puede confiar en la policía. “Estamos trabajando en limpiar a la policía, pero va a llevar varios años. La corrupción es muy profunda en este cuerpo” señaló un portavoz gubernamental.

Presencia estadounidense

A pesar de las evidencias que apuntan a la actuación brutal del régimen del presidente Lobo, la Administración Obama ha incrementado su ayuda militar y política a Honduras. Una de las razones parece ser la presión de algunos sectores políticos en Washington representados por la presidenta republicana del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, y sus aliados que consideran que el derrocamiento del gobierno izquierdista de Zelaya podría suponer el inicio de una fase de caída en dominó de los gobiernos de izquierda y centro-izquierda que han ganado las elecciones en la mayoría de países de América Latina en los últimos años.

Existen, sin embargo, expertos que apuntan a la existencia de otras razones para la presencia militar estadounidense. En la Costa de los Mosquitos ha sido descubierto recientemente petróleo. La Honduras-Tejas Oil and Gas Company, con sede en Texas, ha obtenido concesiones para la exploración en busca de petróleo y estima que existen unas reservas de 6.000 a 8.000 barriles en la zona. El representante republicano por Texas Louis Ghomert ha presentado recientemente una propuesta “HR 532 (110th): Recognizing the energy and economic partnership between the United States and Honduras” que busca desarrollar los vínculos bilaterales en este campo.

Actualmente, hay estacionados más de 600 soldados estadounidenses y helicópteros en tres bases de Honduras, incluyendo en la base aérea de Soto Cano, desde se han lanzado varias operaciones contra narcotraficantes.

Muchas organizaciones pro-derechos humanos han denunciado la cooperación de la DEA con las agencias de seguridad hondureñas a pesar de las extensas denuncias sobre abusos contra los derechos humanos y desaparición de opositores políticos y periodistas dirigidas contra ellas.

En una declaración escrita, COFADEH ha denunciado la presencia de “un ejército extranjero” (es decir, el estadounidense) “protegido por el nuevo concepto hegemónico de la guerra contra el narcotráfico y legalizado por el Tratado Militar de 1953. Este ejército viola nuestra soberanía territorial y mata a civiles, como si fuera en Iraq, Afganistán, Libia o Siria”.

Según Tom Burghardt, experto en la lucha contra el narcotráfico, EEUU es la primera fuente de la violencia que asola América Latina. El envío de gran cantidad de armas avanzadas a países como México, Honduras y Colombia, que en muchos casos acaban en manos de los cárteles de la droga, está causando la muerte de numerosos civiles. Muchos gobiernos latinoamericanos están preocupados por las consecuencias de esta guerra contra el narcotráfico, lo que tuvo su reflejo en la reciente cumbre de Cartagena, en Colombia, donde EEUU y Canadá quedaron aislados frente al rechazo generalizado de los países del continente a la guerra y la militarización que conlleva.

Los expertos señalan además que la estrategia militar está condenada al fracaso ya que la principal razón por la que los cárteles en Honduras y México son poderosos tiene que ver con la economía. Existe una gran demanda de drogas, principalmente de cocaína, en EEUU y otros países y, en este sentido, cualquier mejora en la lucha contra el narcotráfico pasaría por la reducción de esta demanda, indican. Mientras eso no suceda, las organizaciones del narcotráfico disfrutan de enormes márgenes de beneficios que les otorgan la capacidad de adquirir armamento avanzado y modernos medios de transporte y sobornar a políticos y miembros de las fuerzas de seguridad.

Algunos en el Congreso de EEUU empiezan a comprender esta situación y se preocupan también por el daño que el apoyo al régimen de Lobo está causando a la imagen de EEUU. Recientemente, más de 60 congresistas han firmado una carta de apoyo hecha circular por Jan Schakowsky (demócrata por Illinois), que pide cortar la ayuda a la policía y el Ejército hondureños, afirmando que la financiación a estas instituciones ha servido para multiplicar los abusos y crímenes contra la población civil.