El primer presidente elegido democráticamente en Egipto, Mohammed Mursi, ha perdonado a todos los presos políticos arrestados desde el inicio de la revolución popular del pasado año, que derribó a Hosni Mubarak.
El primer presidente elegido democráticamente en Egipto, Mohammed Mursi, ha perdonado a todos los presos políticos arrestados desde el inicio de la revolución popular del pasado año, que derribó a Hosni Mubarak.
El lunes fue dado a conocer un decreto a través de la página de Facebook del presidente. El anuncio dijo que la amnistía afectaba a los “actos cometidos con el fin de apoyar la revolución y hacer triunfar sus objetivos en el período comprendido entre el 25 de enero de 2011 al 30 de junio de 2012, con la excepción de los crímenes de asesinato en primer grado”.
Los egipcios lanzaron la revolución contra el régimen pro-norteamericano y pro-israelí de Mubarak en enero de 2011 y Mubarak fue derrocado tras un mes de protestas populares.
La amnistía cubre tanto a los presos ya condenados como aquellos que se hallan bajo investigación o están sometidos a juicio.
Según los grupos pro-derechos humanos, miles de personas tuvieron que comparecer ante los tribunales militares establecidos por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que tomó el poder tras la revolución.
Según el grupo egipcio No a los Juicios Militares contra Civiles, al menos 12.000 civiles han sido juzgados por tribunales militares y unos 5.000 presos políticos aún languidecen en las cárceles del país.
Muchos presos políticos fueron arrestados durante los 18 meses de gobierno militar.
El 31 de agosto, más de 5.000 manifestantes celebraron una manifestación en El Cairo para pedir la aplicación de los objetivos de la revolución y pidieron a las autoridades del país que liberen a los presos arrestados durante el proceso revolucionario.
Los grupos pro-derechos humanos han aplaudido la decisión de Mursi, pero han expresado su temor a que la amnistía no sea completa. “Es una buena decisión, pero la distinción entre un preso político y uno criminal es fundamentalmente problemática,” dijo Heba Morayef, una investigadora de Human Rights Watch con sede en El Cairo.
