El 2012 fue de violencia para los panameños, pues se inició con una represión policial en Chiriquí a indígenas ngöbe buglé que luchaban contra una ley minera, y terminó de igual forma en Colón.
El 2012 fue de violencia para los panameños, pues se inició con una represión policial en Chiriquí a indígenas ngöbe buglé que luchaban contra una ley minera, y terminó de igual forma en Colón, donde protestaban contra otra disposición impopular.
En Chiriquí la policía reprimió a los indígenas cuando cerraron las carreteras, y aunque mataron a dos personas no pudieron acallar la protesta, tuvieron que derogar la ley y abrir un diálogo que después de un año sigue pero con muy pocos resultados.
De manera semejante, el gobierno aprobó sin consulta ciudadana la ley 72, la cual permitía la venta a privados de las tierras estatales de la Zona Libre de Colón, a pesar de que el pueblo de la provincia había advertido que se opondrían a su aplicación.
El gobierno hizo caso omiso y el presidente, Ricardo Martinelli, lo desafió y firmó la ley inmediatamente aún cuando su proceso de aprobación en la Asamblea Nacional había levantado sospechas porque se realizó en apenas tres horas.
La gente se lanzó a las calles y durante 11 días y noches se mantuvieron enfrentados a la policía nacional y a las fuerzas guardafronteras que el gobierno envió armadas hasta los dientes para disparar contra ellos.
Con cuatro muertos en sus espaldas, 48 heridos de bala, y en algún momento más de 200 detenidos, los colonenses, apoyados por otras provincias, en especial Panamá, resistieron y doblegaron al gobierno que tuvo que derogar la ley e iniciar negociaciones.
Sin embargo, al igual que en el caso de los ngöbes buglé, el diálogo no ha prosperado. Peor aún, parapetándose detrás de la tragedia ocasionada por inundaciones en Colón y Panamá Oeste, el gobierno ha suspendido las conversaciones, lo cual ha motivado nuevas marchas y manifestaciones.
Si bien el país presenta en este 2012 un saldo positivo en el crecimiento económico de dos dígitos, y avanza obras de gran trascendencia para el desarrollo de la nación como la primera línea del Metro, la ampliación del Canal de Panamá y otras de infraestructura, la tónica del año ha sido el conflicto.
Las obras de ampliación del Canal han sido paralizadas en tres ocasiones por huelgas, y lo mismo ha ocurrido en los sectores de la Salud, la Caja del Seguro Social y el Magisterio, así como en otras áreas laborales.
En el sector legislativo las discusiones entre las bancadas políticas en la Asamblea Nacional han sido verdaderas peleas callejeras entre diputados.
Tales fueron los casos en los debates sobre la Sala V, reformas electorales, creación de un fondo de ahorro, venta de acciones y otras leyes impuestas a la fuerza por el gobierno gracias a la mayoría absoluta que tiene en el pleno y las comisiones.
A todo ello hay que añadir los grandes escándalos de supuesta corrupción que ha minado la credibilidad del gobierno y de casi todos sus ministros.
El peor de todos, que aún no se ha dilucidado aunque el gobierno repite que ya esa "telenovela" terminó, es el escándalo en Italia de la firma Finmeccanica cuyos principales ejecutivos están presos o en proceso judicial en aquel país.
Ese caso involucra a Panamá, donde aparece en las acusaciones contra el empresario Valter Lavítola, personaje clave en una operación de compra de helicópteros y radares por parte del Ministerio de Seguridad por un monto superior a los 250 millones de dólares.
A Lavitola, quien aparece en fotos y vídeos al lado de Martinelli en diversas fechas y lugares, se le acusa de fijar sobreprecio y de intento de cobrar comisiones indebidas en la gestión con el gobierno panameño para la construcción de cárceles modulares que no llegaron a concretarse porque saltó el escándalo.
Otros episodios de corrupción están relacionados con el otorgamiento a precios irrisorios de terrenos del Estado, en los que sobresalen los designados en las áreas playeras de Juan Hombrón que involucraron al ministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, quien renunció al cargo y se desligó públicamente del gobierno de Martinelli.
El 2012 ha sido, de hecho, una antesala muy activa y casi demoledora de 2013, que será el verdadero año de la campaña electoral donde se enfrentan grupos cuya adversidad se va a sentir de manera muy fuerte en esa batalla por el sillón presidencial del Palacio de las Garza.
