La decisión de EEUU de no extraditar a Bolivia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada, acusado en la nación sudamericana de la matanza de 67 personas continúa deteriorando las relaciones entre ambos países.

La decisión de EEUU de no extraditar a Bolivia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada, acusado en la nación sudamericana de la matanza de 67 personas –hombres, mujeres y niños- y más de 400 heridos en la “masacre de octubre” de 2003 continúa deteriorando las relaciones entre ambos países.

La matanza de 2003 tuvo lugar durante el segundo mandato de Losada, cuando decenas de manifestantes protestaban contra sus planes de entregar las reservas de gas y petróleo del país a una compañía estadounidense. La policía y el ejército abrieron entonces fuego contra la multitud con rifles de asalto y ametralladoras por orden del presidente.

Poco después, y tras una revolución popular que supuso su caída, Losada huyó a EEUU, donde fue bien recibido por las autoridades norteamericanas que le han proporcionado asilo político desde entonces. El New York Times calificó entonces a Losada de “el más firme aliado de Washington en América del Sur”. Losada era también un partidario de los acuerdos de libre comercio, responsables, según la comunidad indígena de Bolivia, de su empobrecimiento y el enriquecimiento de una pequeña élite.

Razones políticas

El actual presidente boliviano, Evo Morales, ha criticado la negativa de Washington a extraditar a Losada, con el fin de que sea juzgado en La Paz por sus supuestos delitos y abusos contra los derechos humanos. Él afirmó haber recibido una carta del gobierno de EEUU, justificando su decisión sobre la base de que “la sociedad civil no puede ser considerada responsable de las acciones de los militares”. Sin embargo, según los analistas bolivianos, EEUU no tiene ninguna intención de entregar a los acusados por razones políticas.

Morales, que ha chocado repetidamente con Washington en varios temas, incluyendo la política comercial y el cultivo de la coca en Bolivia, añadió que EEUU se había convertido en “un refugio para criminales y un paraíso de impunidad”. “No es posible que digan, mediante una carta desde EEUU, que la sociedad civil no puede ser responsable de las acciones militares”, señaló el dignatario boliviano rechazando así rotundamente el argumento esgrimido por la Casa Blanca.

Él añadió que el gobierno norteamericano nunca ha respetado dignidad y la soberanía de Latinoamérica,  protege delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad y tampoco ha ratificado los tratados sobre derechos humanos. “¿Cómo pueden hablar de defensa de los derechos humanos y de democracia cuando los golpes de Estado provenían de EEUU?”, señaló.

“Hay personas que atentaron contra la vida, tumbaron aviones y escapan felices a EEUU después de tantos muertos”, afirmó en referencia al terrorista y asesino confeso Luis Posada Carriles, autor de un atentado con bombas contra un avión civil cubano en pleno vuelo con 73 personas a bordo en 1976.

Por su parte, el analista Ricardo Paz ha declarado que EEUU tiene una “conocida doble moral” con relación a los derechos humanos tanto “externa como internamente”. “Protege a dictadores y gente acusada de masacres, y se rasga las vestiduras con personalidades como Julian Assange, quien, hay que añadir, no es sospechoso de la muerte de nadie, como sí lo es Gonzalo Sánchez de Lozada”.

Pérez Esquivel, activista pro-derechos humanos y premio Nobel de la Paz en 1980, manifestó asimismo que la decisión del gobierno de Obama carece de un sentido de responsabilidad. “Ese país protege a mucha gente que ha cometido delitos de lesa humanidad y se maneja más por sus intereses que por un sentido de ética y responsabilidad con los pueblos”, sostuvo.

Algunos analistas han señalado que Bolivia debería incrementar su presión diplomática sobre EEUU implicando a los bloques latinoamericanos recién creados –como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)- en el tema de la extradición de Losada y lanzar una campaña de información en Europa con el fin de presionar a EEUU para que oiga la solicitud en los términos jurídicos y de justicia que correspondan.

El asunto de Losada ha venido a sumarse a otros que han incrementado las tensiones bilaterales. Hace varios meses el gobierno boliviano acusó a funcionarios de la Agencia de Desarrollo Internacional de EEUU (USAID) de injerencia en los asuntos internos del país y de alentar las protestas indígenas contra un proyecto de autopistas. El director de la agencia de desarrollo del gobierno boliviano pidió la expulsión de la USAID de Bolivia y calificó este hecho de “acto de soberanía”.

En octubre de 2008, Morales expulsó también del país a la Agencia Antidroga de EEUU (la DEA). Bolivia afirma estar contra el tráfico de drogas, pero defiende el cultivo tradicional de la coca que ha sido efectuado durante siglos en el país andino. Esta postura ha generado críticas de EEUU.

El ejemplo boliviano

En todo caso, la principal razón de las políticas hostiles de EEUU contra Bolivia reside en el ejemplo que este último país ofrece y que demuestra, una vez más, que los pueblos latinoamericanos pueden crecer siempre y cuando dejen de lado las políticas neoliberales y la política de “libre comercio” impulsadas por EEUU, que favorecen sólo a las oligarquías locales y a las corporaciones estadounidenses mientras sumen en la pobreza al conjunto de la población.
 
Morales ha hecho lo contrario de lo que el llamado Consenso de Washington recomienda: ha nacionalizado los hidrocarburos, la electricidad, las telecomunicaciones y las minas, ha renegociado las inversiones extranjeras directas en el país y ha cerrado las fronteras a la libre importación de algunos artículos.

Entre 2005 y 2010, con la subida al poder de Morales y el fin de las políticas neoliberales, la pobreza moderada en el país descendió del 60% al 49,6% y la pobreza extrema del 38% al 25%. La tasa de desempleo cayó también del 8,4% al 4%. Según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Bolivia es el país de América Latina que más recursos ha transferido a su población más vulnerable, un 2,5% de su PIB. Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de la ONU para América Latina, “Bolivia es uno de los países que ha reducido la desigualdad... El foso entre pobres y ricos se ha estrechado notablemente”.

Una de las principales formas de reducir la pobreza ha sido a través de la distribución del superplus económico entre la población a través de transferencias económicas de dinero, programas sociales como Renta Dignidad e incrementos de salarios.

En 2011 Bolivia creció un 5,3%, por encima de la media latinoamericana. La economía se ha estado expandiendo una media del 4,5% anualmente desde 2007. Y todo ello a pesar de que EEUU revocó el estatus de “nación más favorecida” para Bolivia, en lo que se refiere a la importación de productos de este país, y de la crisis económica mundial.

La atención sanitaria ha crecido cuantitativa y cualitativamente y el país ha sido declarado “libre de analfabetismo” y apunta ya hacia una plena escolarización infantil.

Morales ha rechazado también que el bienestar consista en un mero crecimiento lineal y ha defendido el concepto de “calidad de vida”. “Vivir bien no es sólo pensar en términos de renta per cápita, sino de identidad cultural, comunidad y armonía entre nosotros y con la Madre Tierra”, señaló.

Como los hechos en Bolivia han demostrado, Washington está preparado para apoyar a dictadores y criminales y ejercer las formas más brutales de represión para defender su hegemonía económica y política sobre América Latina y controlar sus suministros energéticos y otros recursos estratégicos. Sin embargo, los pueblos latinoamericanos ya no parecen hoy dispuestos a someterse a los criterios impuestos desde el Norte.