Qué Sucederá al Acta del TEL en el contexto de un Gobierno Interino

Líbano entró en una etapa transitoria el jueves, sólo unas pocas horas después del colapso del gobierno del PM Saad Hariri. El presidente Michel Suleiman declaró que el gobierno actuaría de forma interina pendiente la formación de uno nuevo. El miércoles, 11 ministros dimitieron del gobierno de Hariri en protesta por su negativa a reunir al gabinete para discutir el tema del Tribunal Especial para Líbano (TEL), especialmente después de que el esfuerzo sirio-saudí para diluir la crisis provocada por TEL quedara muerto.

Ésta es la primera vez en Líbano que un gobierno es derribado por la dimisión de más de un tercio de sus miembros, pero no la primera vez que un gobierno continúa funcionando de forma interina. Sin embargo, esta vez hay una pequeña diferencia, ya que se espera que el TEL emita un acta de acusación con respecto al asesinato en 2005 del antiguo primer ministro Rafiq Hariri y no haya ninguna autoridad oficial para recibirla. Se espera que el acta de acusación del Tribunal implique a miembros de Hezbola en el asesinato, una acción que es vista ampliamente como politizada y que busca servir los intereses de EEUU e Israel en Líbano y la región.

EL GOBIERNO INTERINO NO TIENE UN MANDATO DIRECTO
Según el ex ministro y abogado Issam Naaman, la Constitución Libanesa declara que existen sólo tres casos en los que se considera que el gobierno ha cesado: la dimisión o muerte del PM, el fin del ciclo parlamentario (elecciones parlamentarias) o la dimisión de más de un tercio de sus miembros.

Naaman dijo al sitio de Al Manar que en cualquiera de esos casos, el presidente debe llamar a consultas parlamentarias para nombrar a un nuevo primer ministro. Él señaló que pendiente la formación del nuevo gobierno, el dimitido funciona en calidad de interino y, de este modo, sus ministros se ven obligados a actuar dentro de la misma.
El antiguo ministro definió el principio de un “gobierno interino que tiene como tarea la de realizar operaciones simples rutinarias y diarias que no requieren el apoyo o la aprobación del gabinete.” “El gobierno interino no tiene el mandato de tomar decisiones que normalmente requieren una reunión del gabinete,” señaló.

Al ser preguntado si existen casos excepcionales en que el gobierno interino pueda tomar resoluciones decisivas, Naaman dijo que sólo en casos urgentes, como catástrofes, tiene derecho el ministro pertinente a adoptar medidas específicas, tales como gastar dinero no presupuestado.

Naaman, sin embargo, señaló que no existe un plazo constitucional para la formación de un nuevo gobierno tras la dimisión del anterior. “La costumbre estipula, sin embargo, que las consultas parlamentarias para el nombramiento de un nuevo primer ministro y la formación de un nuevo gobierno tengan lugar sin retraso,” señaló. “No obstante, existen algunos casos en los que el país está severamente dividido y el proceso de extiende hasta un plazo de tiempo relativamente indefinido”.

EL GOBIERNO COLAPSÓ CON LA DIMISIÓN DEL MINISTRO 11
Por su parte, el veterano experto legal y antiguo jefe del Consejo Consultivo Estatal, Yusuf Saadala Juri, dijo que el gobierno colapsó en el momento en el que el ministro 11 presentó su dimisión. Según la Constitución, más de un tercio de los ministros debe dimitir para que el gobierno cese. En este caso, que el gabinete tiene 30 miembros, 11 ministros es el número requerido para que se produzca la caída del ejecutivo.

“La Constitución estipula que el presidente luego convoca unas consultas parlamentarias obligatorias para nombrar a un nuevo primer ministro. Después de eso, el presidente promulga un decreto que obliga al PM nombrado a formar el nuevo gobierno y luego, cuando éste es formado, el presidente promulga un segundo decreto para que el ejecutivo tome posesión y empiece a funcionar oficialmente.

Al igual que Naaman, Juri subrayó que el gobierno interino no tiene un mandato directo o la autoridad moral para tomar decisiones cruciales. “En el caso de que adopte cualquier resolución relativa a hechos de gran importancia, estaría violando la ley y debería ser penalizado. El gobierno ha cesado y, de este modo, su tarea está limitada a encargarse de las operaciones y transacciones cotidianas,” señaló.

El antiguo jefe del Consejo Consultivo Estatal también declaró que la Constitucón no ha especificado ningún límite de tiempo para que el presidente emita el decreto que establece consultas parlamentarias. “El presidente no está obligado por ningún plazo de tiempo a este respecto. Él puede tomar en consideración las circunstancias políticas,” señaló, subrayando al mismo tiempo que las consultas parlamentarias para nombrar a un nuevo primer ministro sí eran obligatorias.

Los libaneses están ya divididos sobre los aspectos legales y estructurales del TEL, que la oposición considera como otra herramienta política más en las manos de EEUU e Israel para atacar al país y a la Resistencia. De este modo, la caída del gobierno plantea la cuestión del destino del tribunal internacional y el acta de acusación que, si es emitida ahora, no encontrará a ninguna autoridad oficial para recibirla.

“Tras la dimisión del gobierno, la esperada acta de acusación no tendrá ningún impacto en absoluto en Líbano,” dijo el ex ministro de Esteriores Issam Maanam al sitio de Al Manar, añadiendo que los responsables del tribunal son conscientes de que el TEL no podrá ejecutar su acta, especialmente después de los discursos del secretario general de Hezbola, Sayyed Hassan Nasrala, que pidió el boicot de este tribunal ilegal e inconstitucional. Él recordó que la oposición nacional ha rechazado el acuerdo de coordinación con el TEL, que fue adoptado por el gobierno inconstitucional de Faud Saniora el 23 de enero de 2007, en violación de la Constitución y todas las leyes del país”, ya que no fue ratificado por el entonces presidente Emil Lahud ni aprobado por el Parlamento.

Por su parte, Juri excluyó cualquier posibilidad de obligar a Líbano a tratar con el tribunal, que está sujeto al Consejo de Seguridad y al Capítulo VII de la Carta de la ONU, que permite al Consejo a recurrir a la injerencia militar e imponer sanciones. “Esto no es aplicable en absoluto,” dijo Juri a Al Manar. Él explicó que la ONU no tiene ningún poder a este respecto, especialmente con un gobierno interino en Líbano, y recordó que el Consejo tiene el poder de intervenir militarmente sólo en casos excepcionales tales como una guerra, lo cual no es el caso de Líbano.

LA OPOSICIÓN NO VOLVERÁ A NOMBRAR A HARIRI
Naaman explicó las circunstancias que llevaron a la iniciativa sirio-saudí antes de ser obstruida por EEUU. “La iniciativa sirio-saudí estuvo construida sobre tres pilares fundamentales: suspender la ayuda económica al TEL, la retirada de los jueces libaneses del tribunal y la transferencia del tema de los falsos testigos al Consejo Judicial libanés. La Administación norteamericana rechazó el acuerdo y ejerció presiones sobre el primer ministro Saad Hariri y sobre Arabia Saudí para que lo anularan”.

“Eso es por lo que la oposición nacional decidió poner fin a todo este juego y escogió celebrar consultas con el presidente Suleiman y convencerle para que influenciara a Hariri, con el fin de que éste convocara una inmediata sesión del gabinete. Sin embargo, Hariri no aceptó la demanda de la oposición y no dejó a ésta más opción que la dimisión de sus ministros,” indicó Naaman.

Él dijo que esperaba que la formación de un nuevo gobierno no tenga lugar muy pronto, añadiendo que la oposición ha decidido básicamente no nombrar de nuevo a Saad Hariri como primer ministro y buscar otras figuras nacionales adecuadas para ocupar tal cargo.

Al dimitir del gobierno, la oposición nacional ha iniciado una era de cambios democráticos, una etapa muy sensible que definirá la forma del país durante al menos los 20 meses que quedan de la actual Presidencia.