Las autoridades de Bahrein están siendo criticadas y condenadas por sus ilegales actos de represión y sus arrestos de manifestantes pacíficos, médicos y diputados.

Las autoridades de Bahrein están siendo criticadas y condenadas por sus ilegales actos de represión y sus arrestos de manifestantes pacíficos, médicos y diputados. Un antiguo diputado de Bahrein y miembro del principal grupo de oposición del país ha muerto en un hospital tras ser mantenido en custodia por el régimen de Manamá.

Yawad Fairuz, miembro del partido Al Wefaq, fue recientemente arrestado y detenido por la policía de Bahrein, dijeron fuentes locales el jueves.

Este hecho se produce después de que el grupo pro-derechos humanos Amnistía Internacional pidiera a los gobernantes de Manamá el miércoles que pongan fin al arresto de miembros de la oposición.

“Las autoridades de Bahrein deben dejar de detener a cualquiera que se oponga a ellas y liberar a los manifestantes que han estado pidiendo reformas pacíficamente,” dijo el vicedirector de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Philip Luther, a AFP el miércoles.

“Los gobernantes de Bahrein deben poner fin a su campaña de terror a través de arrestos y la extensión de la ley de emergencia para acabar con las actuales protestas”, añadió.

La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Navi Pillay, condenó también el jueves las sentencias de muerte impuestas por tribunales militares en Bahrein a manifestantes así como los juicios militares para activistas civiles. “La aplicación de la pena de muerte sin el debido proceso y en un juicio secreto es ilegal y absolutamente inaceptable,” dijo Pillay.

“Los acusados tienen derecho a juicios justos ante tribunales civiles, según los criterios legales internacionales y en regla con las obligaciones en materia de derechos humanos suscritas Bahrein,” añadió Pillay en una declaración.

La Oficina de DDHH de la ONU dijo que a los cuatro manifestantes que fueron sentenciados a muerte y los tres que fueron condenados a cadena perpetua se les negó acceso a sus familias y se les concedió sólo un limitado acceso a sus abogados.