La justicia egipcia prohibió el lunes las actividades de los Hermanos Musulmanes y aprobó la confiscación de sus bienes.

La justicia egipcia prohibió el lunes las actividades de los Hermanos Musulmanes y aprobó la confiscación de sus bienes, en un nuevo signo de la voluntad de las autoridades de erradicar la influencia de la cofradía de la vida política tras la expulsión del poder del presidente Mohammed Mursi, miembro de la organización, el pasado 3 de Julio.

Esta decisión se produjo una semana después de que un tribunal congelara los bienes de los principales dirigentes de la organización que en su mayor parte se hallan en prisión y acusados de “incitación al asesinato” o del “asesinato” de manifestantes anti-Mursi.

El movimiento islamista ha denunciado, por su parte, un juicio “político” y ha prometido que la organización no se verá afectada por esta decisión, que supone el último episodio de medidas tomadas en su contra por las autoridades colocadas en el poder por los militares.

La prohibición de las actividades se aplica a la cofradía -que no tiene ninguna existencia jurídica- y a la Asociación de los Hermanos Musulmanes, una ONG creada bajo la presidencia de Mursi y que ha sido acusada de servir de fachada a los Hermanos. También se aplica a “toda organización que se deriva o es financiada por ellos”.

Entre las “organizaciones satélite” figura especialmente el Partido de la Libertad y la Justicia, el brazo político de los Hermanos Musulmanes, que podría ser prohibido tras ganar confortablemente las primeras elecciones legislativas libres a finales de 2011, varios meses después de la caída de Hosni Mubarak debido a una revolución popular.
 
La cofradía ha prometido, sin embargo, en su cuenta de Twitter continuar actuando sobre el terreno “porque los Hermanos Musulmanes son una parte de la sociedad egipcia y las decisiones judiciales que son el fruto de la corrupción y las maniobras políticas no podrán cambiar en nada esta situación”.

Las nuevas autoridades han situado la lucha contra la cofradía en el marco de la “batalla contra el terrorismo”. En este sentido, el texto del veredicto, difundido por la agencia oficial MENA, acusa a la cofradía de “actuar bajo la bandera del Islam puro en sus actividades que contradicen al Islam verdadero y violan la ley”.

Una fuente judicial afirmó que preveía la creación de un comité gubernamental para llevar a cabo la confiscación de los bienes de la cofradía, especialmente sus inmuebles, entre los que cabe incluir sus numerosas sedes en todo el país.
  
Los expertos creen que el gobierno interino no quiere incluir a la cofradía en la transición que debe dotar a Egipto de una nueva constitución. Michael Hanna, especialista sobre Egipto del think tank Century, cree que esta decisión judicial es una prueba de “un enfoque brutal que no prevé ningún espacio para la cofradía en la vida política y social, incluso aunque las peticiones procedentes del extranjero en favor de una reconciliación nacional se multiplican”.