Evidencias de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) recopila datos sobre las transferencias de dinero internacionales aportan hoy nuevos elementos al escándalo del espionaje en EEUU.
Evidencias de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) recopila datos sobre las transferencias de dinero internacionales aportan hoy nuevos elementos al escándalo del espionaje en EEUU.
La extensión de los programas de recolección de datos del gobierno no se conoce totalmente y el debate nacional sobre la privacidad y la seguridad puede estar incompleto, señala este viernes un artículo del diario The New York Times.
El espionaje de los registros financieros está autorizado por las disposiciones de la Ley Patriota y supervisados por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, alegaron fuentes gubernamentales citadas por la publicación.
Funcionarios citados por el Times plantean que existen otros programas de recolección de datos "a granel" que no son de conocimiento público, lo cual despierta temores sobre la amplitud en que los estadounidenses y el mundo son escrutados por las agencias de inteligencia.
Dean Boyd, portavoz de la CIA, se negó a confirmar la existencia de dicho programa, pero dijo que la agencia lleva a cabo la recogida de información legal dirigida a extranjeros, los cuales están sujetos a una amplia supervisión.
Juan Zárate, un funcionario del Tesoro y la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, precisó que existe una base legal desde hace mucho tiempo para que el gobierno recopile información financiera.
Asegura el Times que en los últimos meses aparecieron indicios en testimonio ante el Congreso, tras las filtraciones del ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que muestran que esa entidad no es la única que espía a los estadounidenses.
Al propio jefe de la NSA, general Keith Alexander, se le escapó en una audiencia ante el Congreso que "otras agencias operan sus propios programas de recolección de información" en EEUU.
Alexander Abdo, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) opina que las evidencias sugieren fuertemente la existencia de otros programas de vigilancia que el público tiene derecho a conocer.
