La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advirtió hoy a grupos de la oposición armada siria que sus asesinatos violan las leyes internacionales y pudieran considerarse crímenes de guerra.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advirtió hoy a grupos de la oposición armada siria que sus asesinatos violan las leyes internacionales y pudieran considerarse crímenes de guerra.

Según explicó la funcionaria, a su Oficina llegan continuos reportes de ejecuciones extrajudiciales en masa en el norte del país árabe, azotado desde hace casi tres años por extremistas y mercenarios armados y financiados con recursos procedentes del extranjero para derrocar al presidente Bashar al Assad.

"Aunque resulta difícil verificar la cifra exacta, testigos confiables certifican que muchos civiles y soldados bajo custodia de grupos opositores extremistas han sido ejecutados desde comienzos de año", afirmó.

Las informaciones señalan como particular responsable de los crímenes en Alepo, Idlib y Raqqa a la organización Estado Islámico de Iraq y Siria (EIIS), por sus siglas en inglés), una rama de la red terrorista Al Qaida.

El gobierno sirio denuncia de forma reiterada la presencia en su territorio de miles de mercenarios y extremistas de decenas de países, quienes acuden al terrorismo como método para lograr en la nación árabe el cambio de régimen promovido por Estados Unidos y sus aliados.

En ese sentido, Damasco considera que la segunda conferencia internacional para la búsqueda del fin del conflicto, prevista la próxima semana en Montreux y Ginebra, debe incluir la cuestión del terrorismo, un punto rechazado por Washington.

Entre los casos de asesinatos extrajudiciales citados por la Oficina de la Alta Comisionada, está el hallazgo el 6 de enero en Alepo de tres cadáveres esposados y con impactos de bala en la cabeza, pertenecientes a individuos en poder del EIIS en su base en Majfar al-Salehin.

Dos días después, varios cuerpos fueron encontrados en similares condiciones en un hospital infantil de Alepo utilizado como base por ese grupo terrorista.

"La ejecución de civiles y personas que ya no están combatiendo es una clara violación de los derechos humanos y las leyes humanitarias internacionales, y pudiera constituir un crimen de guerra", insistió Pillay.