La Fiscalía colombiana imputará cargos a seis funcionarios de la transnacional minera norteamericana Drummond por los daños ambientales provocados en la norteña bahía de Santa Marta.
La Fiscalía colombiana imputará cargos a seis funcionarios de la transnacional minera norteamericana Drummond por los daños ambientales provocados en la norteña bahía de Santa Marta, al verter 500 toneladas de carbón en sus aguas en 2012.
El hecho, con efectos devastadores en el medio ambiente, tuvo lugar durante las operaciones de carga y descarga de carbón por esa empresa. Los perjuicios ecológicos ocasionados demorarán unos 40 años en ser reparados parcialmente, en opinión de expertos.
Los operadores de la barcaza deberán responder ante la justicia por los cargos de daño en recursos públicos y contaminación ambiental, señaló la víspera el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien agregó que hay suficientes evidencias que prueban la implicación de los acusados en esos delitos.
Durante seis meses, peritos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de ese ente judicial, apoyados en expertos de las universidades Jorge Tadeo Lozano y Los Andes, realizaron pruebas submarinas, cuyos resultados fueron enviados a Medicina Legal.
El análisis de los estudios arrojó que el lecho marino y la vida en esa zona fueron arrasados, además de ratificar la presencia de especies invasoras que solo aparecen cuando ocurren graves problemas de contaminación.
Los buzos detectaron, asimismo, una gran cantidad de residuos de carbón que impedían incluso la visibilidad, así como cúmulos de ese mineral en el lecho marino.
En diciembre pasado, tras un largo proceso iniciado en 2012 y dilatado por varias acciones jurídicas de la transnacional, la compañía estadounidense fue multada con seis mil 965 millones de pesos (tres millones 57 mil dólares) por el daño causado, cifra considerada irrisoria por sectores políticos, sociales y ambientales del país.
En enero de este año Drummond continuaba realizando las operaciones de cargue y descargue de carbón en la bahía de Santa Marta, violando lo estipulado en la ley 1450, lo cual originó la denuncia de las autoridades ambientales y la sociedad civil.
Según esa norma, a partir del 1 de enero de este año, en todos los puertos del país regiría la carga directa del mineral mediante bandas transportadoras hasta los buques, para evitar los riesgos de contaminación y vertimientos al mar.
La superintendencia colombiana de Puertos y Transportes multó a la transnacional con 540 millones de pesos (796 mil dólares) por incumplir la ley y le suspendió temporalmente la licencia hasta tanto dispusiera de la infraestructura requerida.
