La polémica creada por la actriz estadounidense, Scarlett Johansson, de renunciar al título de embajadora de buena voluntad de la ONG Oxfam

La polémica creada por la actriz estadounidense, Scarlett Johansson, de renunciar al título de embajadora de buena voluntad de la ONG Oxfam debido a la firma de un contrato con la empresa de bebidas israelí SodaStream ha fortalecido la campaña en favor del boicot a Israel, dijeron activistas de la misma al periódico británico The Guardian. La compañía israelí posee una fábrica en un ilegal asentamiento de la Cisjordania ocupada.

La actitud de Johansson ha dañado la reputación de la actriz estadounidense, que ha sido criticada por aceptar un contrato con una compañía israelí implicada en los asentamientos a cambio de dinero.

Esta polémica ha fortalecido, sin embargo, la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a Israel impulsada en Europa por ONGs, sindicatos, iglesias y otras organizaciones, que presionan también a los gobiernos para que adopten medidas.

El número de compañías europeas que han cortado sus vínculos con las compañías israelíes que operan en los asentamientos se está acelerando. La Unión Europea ha adoptado una línea cada vez más firme en este sentido. Peor aún para Israel, el movimiento se está extendiendo a EEUU.

Las estimaciones sobre el impacto económico difieren, pero la campaña está sembrando la alarma en Israel, como demuestra la furiosa reacción del gobierno de Benyamin Netanyahu cuando John Kerry, secretario de Estado de EEUU, recientemente le advirtió de la extensión del boicot si las negociaciones de paz con los palestinos fracasan.

Según Omar Barguti, fundador de la campaña del BDS, “la atmósfera política ha cambiado en lo que se refiere a aplicar la ley internacional. La impunidad de Israel se está resquebrajando y la campaña está creciendo enormemente y está afectando a los niveles de toma de decisión en todas partes. Estamos cambiando el discurso”.

Parte de la campaña consiste en convencer a las empresas que comercian con Israel de que están violando la ley internacional y que corren el riesgo de ver su reputación dañada y sufrir un descenso del valor de sus acciones cuando hagan frente a demandas legales y campañas públicas de denuncia por su colaboración con estas empresas israelíes.

Hanan Ashrawi, dirigente de la OLP, señala que “el boicot está ganando fuerza en el mundo. Ya hemos visto lo efectivo que fue en el caso del régimen del apartheid en Sudáfrica. Él envía un mensaje muy claro de que esta ocupación es costosa desde el punto de vista moral y en términos económicos. Y demuestra que si los gobiernos no quieren pedir responsabilidades a Israel, la población del mundo lo hará”.

El impacto financiero ya se deja sentir. El pasado año los asentamientos israelíes en el Valle del Jordán perdieron 29 millones de dólares, es decir, el 14% de sus ingresos debido al boicot de los supermercados del Reino Unido y Escandinavia a las uvas, dátiles y pimientos. Según Yair Lapid, ministro de Finanzas israelí, un boicot europeo, incluso limitado, podría costar a Israel 3.000 millones de dólares al año.