El lobby pro-israelí, que intenta silenciar por todos los medios los ejemplos de solidaridada con el pueblo palestino, acaba de sufrir un golpe magistral ante un tribunal estadounidense.

El lobby pro-israelí, que intenta silenciar por todos los medios los ejemplos de solidaridada con el pueblo palestino, acaba de sufrir un golpe magistral ante un tribunal estadounidense, que ha condenado a los miembros de una organización ligada a este lobby a pagar grandes sumas de dinero a los activistas de la campaña BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) y a una empresa que ejercía el boicot.

Miembros de StandWithUS, una de las entidades estadounidenses creadas por los sionistas para intentar aterrorizar al movimiento de solidaridad con Palestina, habían demandado a una tienda cooperativa de Olympia (en el estado de Washington) por boicotear los productos “made in Israel”.

Olympia es la ciudad de la que era originaria Rachel Corrie, la joven activista norteamericana que murió aplastada por un bulldozer militar israelí en 2003 mientras intentaba oponerse a la destrucción de viviendas palestinas.

StandWithUS pidió a la justicia que prohibiera el boicot de la cooperativa y condenara a los activistas a pagar sumas sustanciales en concepto de daños y perjuidicios.

Esto forma parte de una campaña a nivel mundial del estado israelí y las organizaciones sionistas para obstaculizar por medio de la intimidación y las sanciones financieras el desarrollo de la campaña BDS.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal de Apelación del estado de Washington supieron conservar su independencia y fallaron que el boicot, que es un medio de lucha no violento utilizado desde hace màs de un siglo en todas las latitudes, forma parte de la libertad de expresión y está garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU.

Además, el tribunal ha utilizado contra el lobby israelí una disposición particular de derecho local, llamada SLAPP (Demanda Estrategica contra la Participación Pública). Esta norma (que tiene también su equivalente en California) es un instrumento que busca sancionar las dermandas abusivas por parte de países o grupos que buscan acallar toda disidencia.

En base a esta ley, el Tribunal de Apelación condenó a los demandantes a pagar 10.000 dólares a cada uno de los 16 miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Olympia así como decenas de miles de dólares suplementarios en concepto de costas a los abogados. En total, ellos tendrán que pagar más de 200.000 dólares.