Un grupo de 13 miembros del Parlamento Europeo reclamó hoy al gobierno y la justicia paraguaya suspensión del juicio que se sigue a campesinos presos tras el sangriento desalojo de Curuguaty

Un grupo de 13 miembros del Parlamento Europeo reclamó hoy al gobierno y la justicia paraguaya suspensión del juicio que se sigue a campesinos presos tras el sangriento desalojo de Curuguaty ocurrido en el 2012.

Los diputados expresaron su preocupación sobre las irregularidades enfrenadas por los campesinos procesados y recordaron que lo ocurrido y su resultado de 11 campesinos y seis policías muertos, solo sirvió como pretexto para la destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo.

Igualmente, instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir también dicha suspensión del juicio previsto para el 26 de junio próximo hasta determinarse la titularidad de las tierras escenario del hecho actualmente en disputa entre el Estado y latifundistas de la zona.

Plantearon, además, su preocupación por la falta de imparcialidad y de independencia en los procedimientos de investigación sobre el violento desalojo, la cual debiera incluir a los responsables de la muerte de los rurales fallecidos.

Los parlamentarios se refirieron en sus declaraciones a las denuncias de campesinos víctimas de tortura y detenciones arbitrarias, así como a las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones al debido proceso.

Los firmantes del documento son Marie-Christine Vergiat y Jean Luc Melencho, de Francia, Rina Roja, de Dinamarca, Willy Meyer, de España, Sabine Losing, Jurgen Klute y Helmut Scholz, de Alemania, y Aldo Sousa, de Portugal.

También lo suscriben Paul Murphy, de Irlanda, Nicolaus Chontis, Chalarampos Angourakis y Guiorgios Toussas, de Grecia y Kartika Lotard, de Holanda.

El pasado sábado, después de numerosas manifestaciones populares favorables a los cinco campesinos presos que llevaban 58 días en huelga de hambre, un tribunal accedió a situarlos en prisión domiciliaria hasta la celebración del juicio.

Sin embargo, uno de ellos, Rubén Villalba, fue detenido nuevamente y enviado a la cárcel de Tacumbú, en Asunción, en base a un anterior proceso que sus abogados imputan por su prescripción y porque el acusado pasó dos años en la cárcel en relación con dicho caso.