Israel quiere aprobar una ley para quitar la residencia en Jerusalén a los que resistan o se manifiesten en contra de los ocupantes israelíes y sus familias.

El primer ministro israelí va a someter a la Knesset un proyecto de ley para privar del derecho de residencia y las prestaciones sociales a las familias de los mártires palestinos y a los que “inciten y participen” en manifestaciones anti-israelíes, informaron los medios israelíes el sábado por la noche.

De este modo, la ley, que ha sido presentada como una medida “antiterrorista”, afectaría no sólo a los que llevan a cabo ataques armados contra los ocupantes israelíes, en base al derecho internacionalmente reconocido a la resistencia contra un ocupante, sino también contra quienes “inciten a la violencia” través de la palabra o el activismo y los que participen “en disturbios” y sus familias.

Los 300.000 palestinos que viven en Jerusalén Este, un territorio palestino ilegalmente anexionado por Israel en una acción no reconocida por la comunidad internacional, tienen un estatus especial de “residente en Jerusalén”, que les permite beneficiarse de ciertos servicios sociales, pero no tienen derecho a voto en contraste con los árabes israelíes que viven en los territorios ocupados en 1948.

El domingo, las autoridades de ocupación retiraron el permiso de residencia a un palestino acusado de haber ayudado al autor de una operación de resistencia en 2011.

Esta ley supone, junto con otras como la demolición de viviendas de familiares de los palestinos muertos o detenidos por ataques anti-israelíes, un castigo colectivo contra la población civil que está prohibido según las leyes internacionales. Habría que remontarse al período de la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial para hallar normas similares.

El ministro del Interior, Gilad Erdan, aprobó la idea de que se le concedan estos poderes, que podrían llevar al gobierno israelí a a anular la residencia de la “mala gente”.

Judíos exentos

Naturalmente, dicha norma se refiere sólo a los oriundos palestinos de la ciudad y no a los colonos judíos que viven en ella. Cualquier colono judío que mate o agreda a un palestino o se manifieste no tendrá ningún problema para conservar su residencia.

Dado que los palestinos protestan casi virtualmente cada día contra la opresión y ocupación que sufren en la ciudad y que cada protesta es considerada como un “disturbio” por las autoridades israelíes, la ley dará al Ministerio del Interior israelí la capacidad de efectuar un limpieza étnica en la ciudad, ya que todos los residentes palestinos en Jerusalén tienen al menos a un pariente que participa en las manifestaciones y protestas.