La reciente declaración de la Casa Blanca de una “emergencia nacional” con respecto a Venezuela ha sido vista como un intento estadounidense más de justificar medidas contra el país latinoamericano.

La reciente declaración de la Casa Blanca de una “emergencia nacional” con respecto a Venezuela, que constituiría en los propios términos de Washington una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de EEUU”, ha sido vista como un intento estadounidense más de justificar medidas contra el país latinoamericano, incluyendo la imposición de nuevas sanciones. Todo ello se enmarca dentro de las políticas de “cambio de régimen” que EEUU lleva a cabo en diferentes partes del mundo, incluyendo América Latina.

Dicha declaración no es nueva. Ella fue utilizada por el ex presidente de EEUU, Ronald Reagan, en 1985 cuando impuso sanciones, incluyendo un embargo económico, contra Nicaragua. Al igual que la Casa Blanca hoy, él estaba tratando de derrocar a un gobierno electo que no gustaba a Washington. Él utilizó la violencia terrorista y paramilitar y un embargo con el fin de derrocar a su gobierno a principios de los noventa. Sin embargo, los sandinistas volvieron a poder en 2007 y están gobernando de nuevo el país hoy.

EEUU ha aprobado sanciones contra siete personas, incluyendo Justo Noguera Pietri, jefe de la Corporación Venezolana de Guayana, una compañía estatal que incluye plantas de acero y aluminio y otros productos industriales. En la lista figura también Katherine Nayarith Harrington Padron, una fiscal general que ha realizado acusaciones contra miembros de la oposición acusados de fomentar protestas violentas el pasado año, que causaron la muerte de al menos 43 personas, en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad o partidarios del gobierno. Otros sancionados son los jefes del servicio de inteligencia y la policía nacional.

Las sanciones incluyen la congelación de cualesquiera bienes que estas siete personas pudieran tener en EEUU y la negativa a concederles visados para entrar en ese país. No está, sin embargo, claro que ellos tengan bienes en EEUU o la intención de viajar allá.

Implicación en el golpismo

Washington estuvo implicado en el golpe de abril de 2002 contra Hugo Chávez. Más recientemente, el gobierno venezolano proporcionó evidencias de un complot para llevar a cabo otro golpe, incluyendo la realización de un comunicado sobre la deposición del gobierno, las confesiones de algunos oficiales y una grabación de una conversación entre líderes opositores en la que se reconocía que un golpe estaba siendo preparado.

EEUU ha subvencionado con al menos cinco millones de dólares del presupuesto federal a la oposición venezolana, lo cual es probablemente la punta del iceberg de los cientos de millones de ayuda en los pasados 15 años. Algunos líderes opositores como Leopoldo López han recibido abundante ayuda estadounidense. López ha sido uno de los principales receptores de fondos de la US National Endowment for Democracy (NED), que ha intentado fortalecer a la oposición venezolana durante muchos años.

El alcalde de Caracas, Antonio Ledezman, un veterano político oposición ha sido acusado de conspiración en cooperación con el líder de un grupo de estudiantes de derecha, Lorent Gómez Saleh, que ha recibido también ayuda de la NED y está acusado de llevar a cabo atentados con bomba. La televisión venezolana ha difundido vídeos en los que Selah presume de sus vínculos con el Ejército colombiano y sus planes para comprar armas y explosivos. Él nombra a Ledezma como un aliado y patrocinador.

Estos individuos son, sin embargo, elogiados como defensores de la democracia por el gobierno norteamericano. Los actos violentos de grupos opositores en el país son presentados como protestas legítimas. La incitación a la violencia y la comisión de actos violentos por parte de aquellos es ignorada en los medios y el gobierno de EEUU, que buscan presentar cualquier acción del gobierno venezolano en contra de esta violencia como si se tratara de una “represión de manifestaciones democráticas”.

EEUU ha tratado también de deslegitimar a las autoridades venezolanas. El secretario de Estado, John Kerry, se negó a reconocer los comicios presidenciales de abril del pasado año que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro. Esta postura provocó un repudio de los gobiernos latinoamericanos. Al final, EEUU se vio obligado a dar marcha atrás y reconocer al nuevo gobierno venezolano. En diciembre, el partido de Maduro obtuvo una clara mayoría en las elecciones municipales.

Venezuela tiene además un sólido apoyo de sus vecinos y socios en bloques como el Alba, Unasur o Celac. “La CELAC reitera su firme rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que son contrarias al Derecho Internacional”, dijo una declaración del bloque el 11 de febrero en reacción a las nuevas sanciones estadounidenses. Niguno de los dirigentes latinoamericanos cree que estas sanciones tengan que ver con derechos humanos o democracia, especialmente dado que algunos de los países con peores registros de violencia política o con los peores regímenes dictatoriales son receptores de ayuda norteamericana.