El ingreso, efectivo el miércoles, del Estado de Palestina en el Tribunal Penal Internacional (CPI) abre un nuevo frente en el conflicto histórico con Israel.
El ingreso, efectivo el miércoles, del Estado de Palestina en el Tribunal Penal Internacional (CPI) abre un nuevo frente en el conflicto histórico con Israel.
Una ceremonia a puerta cerrada tuvo lugar en la sede del tribunal en La Haya para marcar esta adhesión. Durante el transcurso de la misma el ministro palestino de Exteriores, Riad al Maliki, recibió una copia simbólica del Estatuto de Roma, que fundó el TPI.
Los palestinos han tomado la decisión de internacionalizar su causa. A finales de 2014, ellos decidieron unirse al TIP, que tiene como vocación el perseguir a los autores de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra después de haber visto rechazado un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad que estaba dirigido a poner fin a la ocupación israelí en tres años.
La posibilidad de que oficiales de mando del Ejército y altos responsables políticos sean llevado ante esa corte fue desestimada semanas atrás por el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, cuyo partido, el Likud, ganó contra todo pronóstico las elecciones del pasado día 17.
Entre la presentación de la solicitud y la ceremonia de ingreso, completada el 1 de Abril en la ciudad holandesa de La Haya, las autoridades palestinas han compilado expedientes que abarcan los desmanes de las fuerzas de ocupación en los territorios palestinos.
Un indicio de la magnitud del conflicto que se avecina fue el fallo días atrás de un tribunal de la ciudad estadounidense de Nueva York que condenó al Gobierno palestino a pagar casi 630 millones de dólares a súbditos israelíes por alegados ataques contra civiles.
La sentencia no resultó inesperada cuenta habida el poder del lobby israelí en esa ciudad y a la luz de la influencia de Tel Aviv en los poderes Legislativo y Ejecutivo de Estados Unidos.
En contrapartida, los palestinos llevarán al TPI demandas inobjetables a tenor con la legislación internacional, entre ellas la anexión de territorios, como es el caso de Jerusalén Este y de las tierras confiscadas para construir asentamientos en Cisjordania.
La más reciente y de mayor impacto es la agresión militar contra Gaza entre julio y agosto del año pasado que causó la muerte a unas 2.200 personas, en su mayoría mujeres y niños; unos 11.000 heridos y más de 110.000 desplazados por la destrucción de sus hogares.
Para dirigir el seguimiento de los pleitos el Gobierno palestino designó al negociador principal Saeb Erekat, apoyado por un equipo de juristas, académicos y personalidades. Al mismo tiempo, el presidente palestino, Mahmud Abbas, ha enviado un documento que autoriza a la procuradora del TPI, Fatou Bensouda, a investigar los crímenes cometidos por los ocupantes israelíes en los territorios palestinos desde el 13 de Junio de 2014.
