El Ejército egipcio anunció el jueves haber encargado a un “Consejo Consultivo” preparar el proceso de redacción de una Constitución.

El Ejército egipcio anunció el jueves haber encargado a un “Consejo Consultivo” preparar el proceso de redacción de una Constitución, ignorando los llamamientos de los Hermanos Musulmanes para preservar este poder para el Parlamento electo.

Los HHMM han anunciado que, en consecuencia, no participarán en el Consejo Consultivo.

Este Consejo Consultivo compuesto de 30 integrantes, e integrado por intelectuales y políticos, va a discutir un proyecto sobre la creación de una comisión a la que se encargaría la elaboración de la futura Constitución.

Los Hermandos Musulmanes han denunciado enérgicamente la voluntad del Ejército de utilizar el gobierno, bajo su control, y el Consejo Consultivo, que no ha sido elegido, con el fin de “marginar” al Parlamento en el tema del nombramiento de la comisión que redactará la futura Constitución del Egipto post-Mubarak.

Ambigüedad sobre los criterios para seleccionar a los miembros de la Asamblea Constituyente

El general Mujtar al Mullah, miembro del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, anunció a la prensa el miércoles que los 100 escaños en la Asamblea Constituyente serían asignados por la nueva legislatura, de acuerdo con la Constitución provisional, pero dijo que los “criterios” de la selección debían ser “pre-negociados entre el gobierno, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el Consejo Consultivo y el Parlamento”, sin dar más detalles sobre estos “criterios”.

La nueva Constitución, continuó el Al Mullah, estará en vigor “durante muchos años” y los autores deben representar a la sociedad en su conjunto y no sólo a la mayoría parlamentaria. Entre ellos, deberían figurar asalariados, responsables políticos y sindicalistas, dijo.

Los detractores de los militares han interpretado estas declaraciones como un intento de privar a los parlamentarios de la potestad de nombrar a sus miembros.

De acuerdo con Al Mullah, la nueva Constitución podría entrar en vigor a mediados de 2012, cuando los militares deben, según lo previsto, entregar el poder a los civiles.