Bajo la presión de los grupos pro-derechos humanos, el gobierno de Colombia ha dado marcha atrás en una propuesta legislación para juzgar a militares culpables de crímenes.

Bajo la fuerte presión de los grupos pro-derechos humanos, el gobierno de Colombia ha dado marcha atrás en una propuesta legislación que, según los críticos, podría negar justicia a las familias de miles de víctimas de asesinatos extrajudiciales a manos del Ejército, respaldado por EEUU.

El presidente Juan Manuel Santos introdujo la nueva legislación en 2013 para reforzar el sistema de justicia legal en un momento en el que los fiscales estaban tratando de juzgar a oficiales del Ejército acusados de presentar a civiles asesinados como guerrilleros muertos en combate para inflar las cifras de estos últimos y recibir ascensos y beneficios. Santos era ministro de Defensa cuando estalló este escándalo en 2008.

La nueva legislación fue vista como un intento de ganarse a los miembros escépticos del Ejército para el proceso de paz que se negocia con las FARC.

Aunque el gobierno siempre ha mantenido que las más severas violaciones deben ser juzgadas por tribunales civiles, como lo son ahora, los grupos de derechos humanos dijeron que el lenguaje del proyecto no estaba claro y abría la puerta para que tales crímenes fueran juzgados en tribunales militares, que tienen un historial de pocas y débiles condenas por estos delitos.

Ahora el gobierno ha eliminado el lenguaje ambiguo con el fin de impedir malintepretaciones.

Esta semana, el fiscal jefe, Eduardo Montealegre, dijo que 5.000 militares, incluyendo 22 generales y 80 coroneles, están siendo investigados por asesinatos extrajudiciales.