“Nuestra intención es retirarnos de Israel. Llevará tiempo. Pero lo haremos”, dijo Stéphane Richard, director ejecutivo y presidente de Orange, el miércoles.

La empresa de telecomunicaciones francesa Orange planea poner fin a su cooperación con el operador israelí Partner Communications Company por las ilegales actividades de este último en los territorios palestinos.

“Nuestra intención es retirarnos de Israel. Llevará tiempo. Pero lo haremos”, dijo Stéphane Richard, director ejecutivo y presidente de Orange, el miércoles.

“Estoy dispuesto a hacer eso mañana por la mañana... pero sin exponer a Orange a enormes riesgos”, añadió.

El pasado mes de mayo, los grupos pro-derechos humanos contactaron con los directivos de Orange para denunciar “los ataques israelíes a los derechos humanos” de los palestinos y dijeron que Partner está implicado en la construcción de nuevas viviendas ilegales para colonos en la Cisjordania palestina ocupada y por tanto debería ser objeto de un boicot.

Orange declaró previamente que el contrato con Partner fue heredado del pasado y que no tenía ninguna responsabilidad en la gestión y las estrategias de la compañía israelí, una postura que más tarde modificó debido a la creciente presión de los grupos pro-derechos humanos.

El director ejecutivo de Partner, Haim Romano, expresó su decepción por la decisión de Orange, afirmando que él “lamentaba lo que se había dicho” de su compañía.

En otra reacción, la viceministra de Exteriores de Israel, Tzipi Hotovely, escribió al director ejecutivo de Orange pidiendo una “clarificación”.

“Debo admitir haber sido tomada por sorpresa por esta información que no se corresponde con una compañía global responsable como Orange”, señaló. “Le pido que clarifique este asunto tan pronto como sea posible”.

Netanyahu irritado

Por su parte, el primer ministro, Benyamin Netanyahu, reaccionó de forma irritada y pidió al gobierno francés que se “distancie públicamente de la declaración miserable de una compañía que está poseída de forma parcial por el gobierno de Francia”.

Más de medio millón de israelíes viven en más de 120 ilegales asentamientos construidos desde la ocupación israelí de los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este en 1967.

La ONU y la mayoría de países consideran estos asentamientos como ilegales porque la Convención de Ginebra prohíbe la transferencia de civiles de un estado ocupante a los territorios ocupados y la construcción en ellos.