La oposición ecuatoriana se empeña hoy en hacer caso omiso al llamado al diálogo del presidente Rafael Correa, y arrecia sus protestas contra el gobierno.

La oposición ecuatoriana se empeña hoy en hacer caso omiso al llamado al diálogo del presidente Rafael Correa, y arrecia sus protestas contra el gobierno, ya con la clara intención de sacar del poder al gobernante.

Resulta evidente que los dos proyectos de ley que incrementarían los impuestos a las herencias y la plusvalía, y que supuestamente provocaron el malestar hace tres semanas, quedaron en el olvido, porque ahora el grito predominante en las manifestaciones es "Fuera Correa Fuera".

La víspera, la protesta en Quito tomó un nuevo cariz, pues luego del ya acostumbrado plantón frente a la sede de la gobernante Alianza PAIS, los manifestantes se encaminaron hacia el Palacio de Carondelet para exigir la renuncia del mandatario.

Un fuerte cordón policial impidió a duras penas que los opositores ingresaran a la Plaza Grande, donde estaban concentrados centenares de seguidores de la Revolución Ciudadana, como se denomina al proyecto social que impulsa Correa desde su llegada al poder en enero de 2006.

Después de varias horas de forcejeo con las fuerzas del orden, los manifestantes se dispersaron, mientras los correligionarios de Correa permanecieron en vigilia permanente frente a la sede del gobierno para defender, dijeron, al presidente y a su Revolución.

En Guayaquil, la ciudad más populosa del país, miles de personas colmaron una céntrica avenida de esa urbe portuaria, al llamado del alcalde socialcristiano Jaime Nebot, quien en un discurso plagado de palabrotas y ofensas a Correa, fustigó las políticas del gobernante.

El burgomaestre guayaquileño tildó de mentiroso y farsante al jefe de Estado, rechazó el diálogo nacional, y en un alarde de amenaza, responsabilizó al gobierno de cualquier consecuencia futura.

Si la familia y la Patria requieren otro 9 de octubre y otro 24 de mayo, pues venga, afirmó Nebot, en alusión a la revuelta de 1820 que dio paso a la independencia de Guayaquil, y a la batalla de Pichincha contra el colonialismo español en 1822, respectivamente.

Correa, por su parte, advirtió que se trata de una estrategia conocida como golpe blando, ya ensayada en Venezuela, Bolivia y otros países progresistas.

Tal maniobra, apuntó, tiene como primer paso tratar de generar malestar entre la población, para luego deslegitimar al gobierno con editoriales falsos y ataques en las redes sociales.

La tercera y cuarta etapas, que también ya se cumplen en Ecuador, incluyen el calentamiento de las calles con las movilizaciones constantes de desafectos, para dar la impresión de que la nación está dividida, la combinación de todas las formas de lucha, y la diseminación de rumores.

Al alertar sobre la conspiración en marcha, Correa agregó que el llamado golpe blando culmina con la fractura de la institucionalidad, hasta obligar a la renuncia del presidente, todo ello motivado por un aparente descontento ciudadano, y sin involucrar a las fuerzas castrenses.

Ayer, durante un multitudinario acto en la provincia costera de Manabí, donde recibió el apoyo de los líderes de cerca de mil parroquias rurales, el presidente ecuatoriano reiteró su llamado a debatir.

Invitó a hablar no sólo sobre los proyectos de ley que supuestamente motivaron las protestas, sino también sobre la clase de país que se quiere construir.

El problema de fondo es la desigualdad, y exhortamos al diálogo nacional para analizar el trasfondo de una sociedad que produce y reproduce la inequidad, aseveró el mandatario, quien consideró que toda acumulación excesiva de riqueza es inmoral.

Tras recordar que los proyectos de ley sobre la herencia y la plusvalía fueron retirados temporalmente para evitar la violencia opositora, Correa recalcó que la primera de las dos iniciativas afectaría a menos del dos por ciento de la población más rica del país.

Según datos oficiales, apenas tres de cada 100.000 ecuatorianos reciben al año una herencia superior a 50.000 dólares.

En el caso del gravamen sobre la plusvalía, lo que se busca es frenar las ganancias ilegítimas que obtienen los especuladores con la venta de terrenos y propiedades.

No podemos hablar de justicia, paz y democracia cuando existen diferencias extremas, subrayó el presidente, quien acusó a los líderes opositores de mentir y manipular a la opinión pública al decir que las leyes perjudican a los pobres y a la clase media.


Néstor Marín – PL